Funcionario provincial condenado por no pagar cuota alimentaria
LA PAMPA | Beloqui, que actualmente se desempeña como director de la Zona 3 de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, había sido demandado por Patricia Viviana Picca Garino y su hijo —hoy de 16 años— mediante una acción de “Ejecución de Convenio”, con el objetivo de cobrar las cuotas alimentarias impagas.
El conflicto se originó en un acuerdo firmado en 2016, cuando el funcionario se comprometió a abonar una suma mensual en concepto de manutención. Sin embargo, según la Justicia, Beloqui incumplió reiteradamente el convenio y ocultó parte de sus ingresos, generando así una deuda significativa que se fue acumulando con el paso de los años.
Durante el proceso judicial, el ex intendente argumentó que el acuerdo no era válido al momento de iniciarse la demanda, ya que recién fue homologado judicialmente en 2024. También sostuvo que su situación económica había cambiado porque tuvo otros dos hijos, y que la deuda debía considerarse “prescripta” por el tiempo transcurrido.
No obstante, tanto la jueza de Primera Instancia como la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa rechazaron sus defensas. El tribunal consideró que el propio Beloqui había reconocido la validez del acuerdo, y que su decisión de no pagar durante años no podía justificarse en el nacimiento de nuevos hijos ni en cuestiones formales.
La Cámara también desestimó el argumento de prescripción, destacando el principio del Interés Superior del Niño y la perspectiva de género, al señalar que permitir que un progenitor eluda su obligación solo por el paso del tiempo “carecería de toda mirada sobre las vulnerabilidades involucradas”.
El fallo enfatizó además que la madre del menor debió afrontar en soledad los gastos de crianza y educación, mientras el progenitor incumplía el acuerdo.
Finalmente, la Sala 3 resolvió rechazar el recurso de apelación de Fabricio Luciano Beloqui y confirmar la sentencia que lo obliga a pagar las cuotas alimentarias adeudadas. El funcionario provincial ya apeló esta decisión ante el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, que deberá resolver si mantiene o revoca la condena.
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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.