El desplome de la recaudación nacional pone en jaque las finanzas de las provincias y municipios
NACIONALES | El inicio de este 2026 marca una tendencia preocupante para los gobernadores e intendentes de todo el país: los fondos que llegan vía Coparticipación Federal de Impuestos no dejan de caer. Informes de consultoras especializadas como Politikon Chaco y el IARAF confirman que, en términos reales, las provincias están recibiendo entre un 6% y un 8% menos de recursos que en el mismo período del año anterior, lo que genera una "asfixia" financiera que ya se empieza a notar en la paralización de obras públicas y la dificultad para cerrar paritarias.
Los factores del retroceso
Este fenómeno no es casual y responde a una estructura tributaria que hoy se encuentra golpeada por tres frentes:
El IVA y la caída del consumo: Siendo el IVA el impuesto que más aporta a la masa coparticipable, su recaudación está directamente ligada a las ventas en los comercios. Con un consumo interno que no logra repuntar, la recaudación por este tributo ha mostrado caídas reales de hasta el 11%. En palabras simples: si la gente no compra, el Estado no recauda y las provincias no reciben su parte.
Ganancias y la incertidumbre legislativa: Las sucesivas modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, sumadas a la menor rentabilidad de las empresas en un contexto de recesión, han achatado la recaudación de este impuesto, que es el segundo pilar del reparto federal.
La trampa de la inflación: Aunque los montos que ingresan a las cuentas provinciales en pesos son superiores a los de 2025, el incremento nominal queda muy por debajo de la inflación acumulada. Esto genera una pérdida del poder adquisitivo del presupuesto provincial: el dinero alcanza para comprar menos insumos, pagar menos horas de maquinaria o cubrir menos servicios de mantenimiento.
Para provincias como La Pampa, donde la coparticipación representa una parte sustancial de los ingresos corrientes, esta situación obliga a una administración de "economía de guerra", priorizando el pago de salarios y el funcionamiento de hospitales y escuelas, mientras que la infraestructura vial y urbana queda en un segundo plano a la espera de una recuperación económica que aún no asoma en el horizonte.