Espartaco Marín volvió a insistir con su inocencia. “No tengo nada que esconder, por eso fui al juzgado sin abogado defensor ni militancia que me acompañe”, aseguró.
Judiciales27 de mayo de 2019
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El presidente del bloque de diputados del PJ, Espartaco Marín, dio una conferencia de prensa en su vivienda particular este mediodía. Insisitó con su inocencia en la causa donde se lo nombra como integrante de una supuesta organización relacionada al narcotráfico y lavado de activos.
“Puse a disposición mi teléfono, mi historial, mi domicilio, di mi consentimiento para que allanen lo que consideren necesario hacer. No tengo nada que esconder, ni ocultar, por eso fui al Juzgado Federal sin abogado defensor, sin militancia que me acompañe, fui solito a presentarme”, aseguró.
“Al haberme enterado mediáticamente de la situación, tomé la decisión de presentarme en la fiscalía y en el Juzgado Federal. No al 100... al 200 por ciento prestando mi consentimiento, mi información, mi decisión personal de que esta situación se aclare”, remarcó.
El legislador provincial, hijo del exgobernador y actual presidente del PJ pampeano Rubén Marín, dijo que es “el primer interesado en que esto se aclare”.
“Es una situación que me sorprendió y me sorprende. Por supuesto en tono a todos los comentarios que me tocó vivir, siendo en la adolescencia hijo de un gobernador, los tomé como chicana. Nunca pensé que en una investigación por lavado de dinero en la que aparece mi nombre”, indicó.
Remarcó que “esto no es La Matanza, no es Rosario, nos conocemos todos”. “Me sorprendió que haya una investigación judicial. Pese a eso, para mi representa una gran oportunidad porque desde muy pibe, dentro de un plano personal y muy íntimo, siempre tuve a lo largo de mi vida experiencias y comentarios en tal sentido”, añadió.
“Que me den vuelta como una media, desde que nací hasta estos 39 años que tengo hoy. Quien difundió lo que difundió que se haga cargo sobre todo si lo que se difundió no tiene que ver con lo que se ha filtrado”, advirtió.
Marín aparece nombrado dentro de una lista de 25 personas que serían parte de la organización. También están dos jefes policiales, Luis Blanco y Marcelo Calderón, que este lunes se presentaron ante el juez Baric. De todas maneras, el diputado insistió que nada tiene que ver con “boliches, con bares, con comercios” y que por eso no tiene “más remedio” que relacionar la acusación “con la política”. “Me molesta, hay cosas con las que no se puede joder”, agregó.
“No puedo creer que esto pase en La Pampa. En la política no había tanta mierda, esto era de Comodoro Py pero no de esta provincia. Desde chico (dicen que) he sido dueño de Potrillo Oscuro (NdR: un campo se ha relacionado con su familia a partir de rumores), de boliches, y todo eso siempre fue mentira”, resaltó.
Insistió que tanto el juez Baric como el fiscal Leonel Gómez Barbella le dejaron en claro que en su caso no hay “ninguna imputación”.
“Yo no me victimizo, yo elegí militar en política. Pude haber puesto un comercio, haberme dedicado a viajar... pero me banco la política y los costos políticos. Estoy acostumbrado a defender mi apellido de la política pero no de estas cosas que no tienen sentido. No tengo ni tuve absolutamente nada que ver con algo relacionado con las drogas, el narcotráfico y mucho menos con lavado de activos”, subrayó.
El Diario de La Pampa.
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En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
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