El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados decidió anoche por unanimidad no dar cuórum en la sesión prevista para mañana con el fin de discutir el megaproyecto de emergencia, el primero del gobierno de Alberto Fernández, por considerar que “significa anular al Congreso nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional”.
La decisión se tomó luego de una reunión de casi tres horas entre los diputados radicales, macristas y de la Coalición Cívica-ARI, que juntan 116 de las 257 bancas.
Sin al menos una parte de esos diputados sentados en sus bancas, al Frente de Todos (FDT) no le alcanza con el apoyo de otras bancadas opositoras para reunir el cuórum, de manera tal que la sesión prevista para mañana, con el fin de discutir el megaproyecto, no podría realizarse.
Es que en esa sesión, antes del eventual tratamiento de la iniciativa, está previsto que asuman en sus bancas una veintena de diputados, la mayoría del oficialismo, que van a reemplazar a colegas suyos que renunciaron para asumir como funcionarios del gobierno de Fernández o que fueron elegidos intendentes municipales.
Con esos diputados aún por jurar, el oficialismo cuenta con alrededor de 100. Para iniciar la sesión, se necesitan 129 diputados sentados. El interbloque Federal, que agrupa al peronismo no K, tiene 10, y el interbloque Unión para el Desarrollo Federal (UDF), 8. Contando esos eventuales apoyos, el oficialismo reuniría alrededor de 118 diputados, con lo cual quedaría a 11 del cuórum.
“A poco más de un mes de las elecciones del 27 de octubre en la que más de un 40 por ciento del electorado nos eligió para defender los valores republicanos que se conjugan en JPC, no podemos traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular que hemos recibido en el Gobierno nacional”, dice el comunicado de la coalición opositora, en el que se subrayó que, “por unanimidad, el interbloque resolvió no dar cuórum en la sesión del próximo jueves”.
Por lo tanto, la decisión de JPC rompió todos los esquemas: el FDT tenía organizado el camino parlamentario para el tratamiento del megaproyecto, que incluye 87 artículos, ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados recién ayer por la tarde y se denomina ley de solidaridad social y reactivación productiva.
El oficialismo pretendía que el texto se debatiera hoy en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, con la presencia de la jefa de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, y de los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Salud, Ginés González García, y de Trabajo, Claudio Moroni.
Tras ese debate, y con los dictámenes firmados, el oficialismo tenía previsto llevar el texto al recinto mañana, y el mismo viernes, descontando la media sanción de Diputados, propiciar el debate en el recinto del Senado.
Todo eso, que hasta anoche era una certeza para el oficialismo, ahora está en duda.
Lo que iba a ser una primera sesión amable de la era Fernández ahora adoptó abruptamente un tenor beligerante por la postura de JPC de rechazo a toda la iniciativa y la posterior decisión de no dar cuórum para impedir la sesión.
Critican el tratamiento a las apuradas de un texto largo, que incluye una batería de medidas que no aceptarán, como facultades delegadas de las emergencias económica, social y sanitaria; la intervención de entes reguladores de servicios públicos, y la posibilidad de subir aún más las retenciones.
