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La resolución fue dictada por el juez de control, Carlos Matías Chapalcaz, a pedido del fiscal general Máximo Paulucci. El defensor oficial, Martín García Ongaro, había requerido que el imputado –permanece detenido desde anoche en la Seccional Tercera– quedase en libertad y, subsidiariamente, que se le dictara la prisión domiciliaria.
Lo novedoso de la causa fue que se tramitó sin declaraciones ni audiencias presenciales. García Ongaro se comunicó con la comisaría y entrevistó al imputado por teléfono. En esa conversación le explicó los alcances de la acusación y le preguntó si quería declarar o si se abstendría. Luego, también telefónicamente, informó la versión que dio su defendido de lo ocurrido ayer y propuso el domicilio donde cumpliría la prisión. Sin embargo, sus moradores se negaron a alojarlo aduciendo que el acusado ya tenía una orden de restricción de acercamiento.
Desde casa.
Chapalcaz resolvió desde su vivienda particular, subió la resolución al SIGeLP y las partes se notificaron de ella por vía electrónica. Incluso la denuncia escrita y otra documentación fue incorporada al legajo digital a través de fotos de Whatsapp.
La formalización fue por la presunta comisión de los delitos de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia y desobediencia, en dos hechos, y amenazas simples.
¿Cuáles fueron los hechos? Ayer a las 10, la policía identificó al imputado, en pleno centro santarroseño, y este no pudo dar ninguna justificación válida de porqué estaba circulando por la vía pública. Adujo que quería lavar autos y, cuando se le explicó que no podía hacerlo por el decreto de emergencia que dictó el Poder Ejecutivo Nacional, respondió que igual iba a quedarse en el lugar. Fue detenido y trasladado a la Seccional Tercera. Quedó notificado en libertad a las 12.40.
Media hora más tarde se recibió un llamado advirtiendo que una persona estaba ocasionado molestias, nuevamente en cercanías del centro, y amenazando con que nadie lo iba a parar o a detener. Era el imputado, quien al ser interceptado por la policía en la plaza San Martín, dijo que nadie iba a sacarlo de allí e incluso amenazó a los agentes con hacerlos “cagar”.
Todos en riesgo.
“En primer lugar, no puede dejarse de lado las circunstancias especiales en las cuales el imputado habría incurrido en el delito de desobediencia, en donde está en juego la salud pública de toda la población, lo cual motivó el dictado de normas de emergencias a nivel nacional y provincial, que deben ser cumplidas por todos los ciudadanos”, señaló Chapalcaz en la resolución.
El magistrado, resaltando la tarea de concienciación y control de la policía, indicó que “en un primer momento anoticiaron al ciudadano de las restricciones vigentes –aun cuando son de conocimiento público y notorio–. No obstante ello, el imputado no solo habría incumplido en una segunda oportunidad, mostrándose agresivo, sino que además habría formulado amenazas a terceras personas presentes en el lugar”. El acusado adujo en su declaración que desconocía las limitaciones para circular libremente.
Paulucci, por su parte, en los fundamentos para requerir la prisión preventiva, remarcó que el accionar del imputado fue “el que pretende enérgicamente evitar el decreto presidencial, toda vez que puso en riesgo serio su salud, y la de todos los ciudadanos, inclusive la de la propia policía”.
Y concluyó: “Resulta insostenible, a la luz de todas las noticias e información al respecto, incluso la proporcionada por la prevención a él –cuando entre el primer y el segundo hecho fue notificado en libertad–, que no comprendiera con suficiencia que no debía violar las medidas de aislamiento social”.
