InfoTec 4.0
DAIREAUX | El fallo de primera instancia le da la razón a un grupo de productores agropecuarios que, cansados de las dificultades para sacar su producción, recurrieron a la Justicia. La decisión se fundamenta en que las tasas, a diferencia de los impuestos, exigen una contraprestación concreta y efectiva por parte del Estado. Sin caminos transitables, el cobro pierde su sustento legal y deviene en nulo.
Para dictar esta sentencia, el juez Germain se basó en dos pericias clave que corrieron la discusión del plano teórico al técnico:
Pericia Contable: Se detectó un claro desvío de fondos. El municipio recaudaba dinero a través de la tasa vial, pero lo utilizaba para cubrir otros gastos corrientes de la administración municipal que nada tenían que ver con el mantenimiento de la red vial rural.
Pericia de Ingeniería: Un experto relevó los caminos vinculados a los campos de los demandantes y determinó que el 96% de las trazas se encontraban en estado "malo o regular", haciendo inviable el tránsito de maquinaria y camiones.
El abogado de los productores, Jorge Moroni, explicó que el fallo es contundente: "Sin caminos en condiciones, la tasa carece de causa". Incluso, en uno de los casos más críticos donde el camino era directamente inexistente desde 2022, el magistrado eximió al productor del pago total de la tasa desde esa fecha.
La sentencia no solo frena el cobro hacia adelante, sino que obliga al municipio —en caso de quedar firme— a devolver fondos que habían sido embargados a los productores. "El productor no quiere dejar de pagar, quiere pagar y tener caminos. Lo que sucede en muchos distritos es que la tasa vial se termina convirtiendo en un 'impuesto encubierto' para financiar otras áreas", señaló el letrado.
Este antecedente judicial pone en jaque una práctica extendida en muchas intendencias y abre la puerta a reclamos similares en partidos vecinos. De hecho, ya existen acciones en marcha en localidades como Bolívar, Azul y Tapalqué.
El fallo busca forzar a los intendentes a cambiar el modelo de gestión, promoviendo sistemas de consorcios donde los propios productores participen en la administración de los recursos para asegurar que el dinero que sale del campo, vuelva efectivamente al campo en forma de infraestructura y servicios.
