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El Gobierno retomó esta semana el contacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cuatro meses del plazo que se fijó el Ministerio de Economía para alcanzar un acuerdo con el organismo y reestructurar la devolución de USD 44.000 millones. En mayo, el objetivo en el calendario que se puso el Palacio de Hacienda para cerrar el nuevo programa, tendría lugar el vencimiento de deuda más grande que afronta el Estado este año: la cuota pendiente con el Club de París.
Mientras tanto, en las próximas semanas el Tesoro deberá continuar con los pagos ya previstos al FMI en el cronograma vigente. El primer día de febrero se espera que el Poder Ejecutivo devuelva unos USD 315 millones a Washington. Forma parte de los vencimientos trimestrales que el país cubrió desde 2019 y que este año empiezan a escalar.
El primer pago de intereses considerable tendría lugar -si no mediara un acuerdo que lo modifique- por casi USD 1.900 millones a fines de septiembre y otro monto similar días antes de la Navidad. El calendario sigue con devoluciones del crédito por más de USD 35.000 millones entre 2022 y 2023. Ese ese el sendero de repagos que Martín Guzmán busca renegociar con el organismo.
Tras las Fiestas, en las últimas horas los funcionarios nacionales y los técnicos del Fondo Monetario retomaron el contacto. En diciembre, luego de la última visita del gabinete argentino a Washington, solo habían tenido lugar conversaciones informales, según aseguraron desde ambos lados.
El representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, adelantó el inicio de la nueva etapa del diálogo, que por el momento será sostenido de forma virtual, sin misiones presenciales del país o del organismo. Los primeros días de intercambios incluirán, además de distintas áreas del Ministerio de Economía, al Banco Central. Típicamente, el ministro y el presidente de la autoridad monetaria son los encargados de firmar los programas financieros con el Fondo.
El Gobierno planea hacer público un programa plurianual que abarque distintos indicadores económicos que actúen como referencia para los próximos años, como por ejemplo metas de acumulación de reservas, uno de los puntos en discusión con el FMI. Guzmán adelantó, incluso, que los controles cambiarios podría relajarse en la medida que el BCRA pueda ir engrosando su colchón de divisas. Las cifras que sean incluidas en ese programa serán trasladados al acuerdo con el Fondo.
El déficit fiscal es otro tema a conversar entre el FMI y el Gobierno, principalmente en qué ritmo podría reducirse ese desequilibrio en las cuentas públicas en un contexto en que el Ejecutivo descartó -según lo esperado en el Presupuesto 2021- volver a implementar las medidas para mitigar el efecto de la pandemia, como el IFE, que implicó $90.000 millones por cada cuota.
“Una cosa es tener una proyección racional del uso de recursos y otra, los procesos de ajuste. Hay una comprensión a nivel global de la necesidad de usar los espacios fiscales donde los haya y maximizar el uso de recursos para infraestructura sanitaria y cubrir la actividad económica. Los programas como el ATP y el IFE han sido muy mirados y también por otros lugares y otros países”, afirmó Chodos en los últimos días.
Los próximos cuatro meses terminarán de configurar la forma y el fondo del nuevo acuerdo con el FMI. Algunas cosas el Gobierno ya las tiene en claro: el programa tendrá la duración que tienen habitualmente los Extended Fund Facility (EFF), unos de las opciones que aparecen en el menú del organismo y que incluyen entre 7 y 10 años de repago de la deuda.
Según aseguró Héctor Torres, ex representante argentino ante el FMI, este tipo de acuerdos incluyen necesariamente una contraparte de reformas estructurales, como laborales, tributarias o previsionales. Hace algunas semanas Martín Guzmán lo descartó e incluso dijo que “hoy no se está discutiendo y ni siquiera se les está dando ese nombre”.
En ese sentido, Chodos negó que haya involucramiento de los técnicos del FMI en medidas como el cambio en la actualización de las jubilaciones. “En ningún sentido el Fondo está detrás de los cambios en la nueva movilidad jubilatoria ni es pedido del FMI la ley de movilidad ni forma parte de un pliego de condiciones. Es una decisión soberana de la Argentina la modificación de la fórmula”, apuntó.
En mayo, el plazo preliminar que se autoimpuso el Gobierno para conseguir el respaldo del directorio del FMI, tendría lugar el vencimiento más oneroso del año: los casi USD 2300 millones acumulados de pasivos con el Club de París. Durante los últimos dos años del Gobierno de Mauricio Macri, el Estado realizó un pago “mínimo” para no incumplir, lo que implicó una cuenta en el debe que se fue agrandando con el tiempo.
El año pasado, en medio de la negociación con los bonistas, Guzmán decidió no abonar los USD 2100 millones adeudados y anunció que buscaría reestructurar esos pasivos. Como el 2019 era el último año previsto de pago en el acuerdo original con ese consorcio de países, el saldo restante pasó a actualizarse a una tasa de interés de 9% anual. Recortar esa tasa de interés y reprogramar los pagos formará parte de una tercera negociación -tras los bonistas y el FMI- que deberá encarar Guzmán para terminar de reestructurar toda la deuda en dólares del país.
