El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena a dos años de prisión en suspenso para los dos docentes que presentaron certificados médicos “truchos” y viajaron al mundial de fútbol de Rusia en 2018. Así lo resolvió la Sala B, integrada por los ministros Fabricio Luis Losi y Hugo Oscar Díaz, al declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa.
Judiciales20 de febrero de 2021
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Los abogados particulares de Sergio Eduardo Sánchez y Franco Agustín Sánchez Viglino, Boris Vlasich y Marcelo Piazza, habían sostenido que existió una errónea valoración de las pruebas; pero el STJ les respondió que en el recurso se limitaron a reeditar lo dicho en etapas anteriores del proceso, sin aportar nuevos elementos probatorios. Entre el juicio oral y la resolución de la Sala B –la máxima instancia de revisión a nivel provincial– pasó menos de un año.
Sánchez (33 años) y Sánchez Viglino (32) son profesores de educación física que, al momento de los hechos, trabajaban en Victorica y Jagüel del Monte, respectivamente. El 19 de marzo del año pasado, el juez de audiencia de General Pico, Carlos Federico Pellegrino, los condenó a dos años en suspenso e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos en la administración público, por hallarlos culpables de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y uso de documento falso, en concurso ideal. Además les impuso reglas de conducta por el mismo período (fijar domicilio y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras).
En el juicio de demostró que los imputados, en su condición de docentes dependiente del Ministerio de Educación, presentaron certificados psicológicos con el fin de obtener una licencia con goce de haberes y en ese período viajaron a Rusia para ver el mundial.
En los certificados se les recomendó “reposo laboral” desde el 13 de junio al 5 de julio por “depresión leve”. El torneo se desarrolló del 14 de junio al 15 de julio. Ellos salieron del país, de acuerdo a un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, el 14 de junio y regresaron el 5 de julio. A su vez la empresa área Air Canadá detalló que había vendido los pasajes el 6 de noviembre de 2017.
El 6 de noviembre, la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, conformada por la jueza María Eugenia Schijvarger y el juez Mauricio Federico Piombi, hizo lugar parcialmente al recurso de impugnación de Vlasich y Piazza y si bien mantuvo la condena de dos años en suspenso, le redujo la inhabilitación a seis meses por considerar que “para este caso concreto la aplicación de la inhabilitación perpetua frente al perjuicio causado deviene desproporcionada”.
Nada nuevo.
Con relación al recurso de casación presentado ante el STJ, los defensores particulares de Sánchez y Sánchez Viglino insistieron con que existió una errónea valoración de la prueba por parte del TIP; aduciendo –entre otros argumentos– que ambos imputados “tomaron sesiones terapéuticas”, que “sus historias de vida estuvieron signadas por crisis personales” y que “prestan servicios en escuelas hogares con problemáticas que generan desgastes emocionales”.
Losi y Díaz expresaron que “que para argumentar los agravios, la defensa reeditó aquellos oportunamente planteados en la etapa de impugnación, sin confrontar ni refutar, las conclusiones” de Impugnación.
Agregaron que “la pretensión defensiva se inmiscuyó en aspectos probatorios tendientes a modificar el sustrato fáctico”; intentando “discutir diferentes circunstancias que fueron acreditadas en el fallo y que son insusceptibles de ser corregidas en esta instancia” del proceso penal.
Finalmente, los ministros del STJ subrayaron que “no pudo advertirse que la defensa, en su evaluación recursiva, haya propuesto cuáles fueron los vicios en el razonamiento de los magistrados para señalar la arbitrariedad de la condena y, de esa forma, demostrar la vulneración del principio de logicidad”.â
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dictó una sentencia histórica al resolver, por primera vez de manera unipersonal, un recurso directo interpuesto por las empresas Ford Argentina S.C.A. y Plan Óvalo S.A para Fines Determinados, que habían sido multadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
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La motociclista sufrió la fractura de tibia y peroné. Además, le quedaron secuelas por el choque. La imputada también quedó inhabilitada para conducir y deberá cumplir reglas de conducta.
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