Se trata de un policía de la Caminera, dos médicos y una trabajadora social. Están acusados de violación de los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad.
Judiciales13/05/2021
InfoTec 4.0
La fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Cena, imputó a un policía, a dos médicos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y a una trabajadora social por presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad al impedir el ingreso del padre de Solange Musse a Córdoba para que pudiera despedirse de su hija, quien murió de cáncer en Alta Gracia.
La denuncia contra las autoridades provinciales había sido presentada por el padre de la joven de 35 años en septiembre pasado ante la Justicia federal de Córdoba, fuero en el que el juez N° 1, Ricardo Bustos Fierro, había autorizado a Pablo Gustavo Musse para que viajara desde Neuquén –donde reside– hasta Alta Gracia para asistir al velatorio de su hija.
La denuncia apuntaba a los posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad calificada. Al mismo tiempo, la familia había realizado otra denuncia, a través de su abogado Carlos Nayi, contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), con sede en Washington.
En ese caso, fue por la presunta violación de garantías nacionales e internacionales, y solicitaron que el Gobierno suspendiera las restricciones a la “libertad ambulatoria”.
IMPUTACIÓN
Luego de que la causa pasó a la Justicia provincial y nuevamente regresó a la federal, la fiscal Cena, de Río Cuarto, imputó a un sargento primero de la Policía Caminera, con base en la localidad de Huinca Renancó, a dos médicos del COE (dependiente del Ministerio de Salud provincial) y a una trabajadora social en esa órbita. Todos fueron llamados a declaración indagatoria.
Los cuatro fueron acusados de haber incumplido los deberes de funcionario público al impedirles, el 16 de agosto de 2020, el ingreso a la provincia a Pablo Gustavo Musse y a su cuñada, Paola Lorena Oviedo, quienes no pudieron trasponer el puesto de control interprovincial ubicado en la ruta 35, en la localidad de Huinca Renancó.
Musse había decidido viajar para verla por última vez, debido al cáncer terminal de mama de estadio cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), por lo que llegó a Huinca Renancó tras 40 horas de manejo sin descanso por Neuquén, Río Negro y La Pampa.
Presentó la documentación requerida para viajar: el pedido de circulación especial de alcance nacional junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar desde Pottier, en Neuquén, hasta la ciudad de Córdoba, y también el certificado de regreso a su casa. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso.
Debido a los dos testeos dudosos (y no positivos, como figura en el registro de guardia y como adujo la Provincia en su momento) para Covid-19, los funcionarios habrían abusado de su autoridad al hacerlos regresar, escoltados por la Policía.
En ese punto habrían incumplido lo que mencionan los protocolos de ingreso a la provincia en el contexto de la pandemia cuando se detecta un caso sospechoso de Covid-19. En esa circunstancia, como indica el protocolo, el conductor debía ser analizado en un hospital.
Ante la imposibilidad de poder despedirse de su hija, como sostuvo el abogado Nayi en su denuncia, se habría violado el Protocolo 48 (sobre la circulación de personas en territorio cordobés), porque el texto menciona que los que no residan en Córdoba podrán ingresar y transitar dentro de la provincia en casos de “fuerza mayor”, como el fallecimiento de un familiar directo o la asistencia a familiares y a adultos mayores.
Al volver a Neuquén, Musse se hizo un hisopado, que dio negativo, y con la autorización del juez Bustos Fierro pudo llegar hasta Alta Gracia para despedir los restos de su hija.
El caso tuvo un alto impacto social y mediático, y Musse planteó “la ilegalidad y la arbitrariedad” en la que habrían incurrido las autoridades del Gobierno provincial al no permitirle el ingreso y la circulación por la provincia para ver a la joven en vida.
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