Hay tres casos con plásticos que operan en la Red Link. Se investiga si hay algún comercio involucrado porque se trata de personas damnificadas que residen en la misma zona de la ciudad.
Provinciales07 de septiembre de 2021
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Las estafas con tarjetas de débito del Banco de La Pampa, que se conocieron en las últimas semanas, tuvieron varios puntos en común en cuanto a su "modus operandi", y uno de ellos es que las personas damnificadas residen todas en el barrio ProCreAr. Esa situación lleva a algunos investigadores a reafirmar su sospecha de que podría estar involucrado algún negocio de la zona en la maniobra.
Se supone que las tarjetas pudieron ser "fotografiadas", para de ese modo ser utilizadas después para compras electrónicas, que es el mecanismo que se utilizó en los distintos episodios. Las tarjetas de débito, además de la identificación mediante un número y la identidad de la persona que es propietaria, tienen un número que es una suerte de clave de seguridad.
En todos los casos, se comprobó que las víctimas de la situación no habían dado su información personal ni habían actuado de manera negligente. Por eso, ni bien el Poder Judicial dio los primeros pasos investigativos que arrojaron esa certeza, el Banco de La Pampa y la red Link se hicieron cargo de los faltantes de las cuentas que habían sido apropiados.
El primer caso conocido fue el de una docente, a quien le birlaron unos $130 mil en total, ya que además de vaciarle la cuenta-sueldo con el salario recién percibido le sacaron un adelanto salarial. Después ocurrió un caso idéntico, aunque por montos menores, con una empleada de la Municipalidad de Santa Rosa. Y luego apareció otra situación similar.
Hasta ese entonces no se habían conocido estafas de este tipo con tarjetas de débito del BLP, aunque sí con plásticos de otras entidades bancarias, como el Santander o el Hipotecario.
También en el caso de la empleada municipal hubo claros indicios de que se trató de una falla de seguridad de la que no era responsable la damnificada. Por eso se revisaron las operaciones digitales, revirtieron la situación y acreditaron a la trabajadora el dinero que le había sido sustraído.
Esa situación involucró a María de los Ángeles Palacios, empleada municipal, a quien le vaciaron la cuenta, sacándole unos $40.000 de su sueldo recién cobrado y además le solicitaron un adelanto por otros $20.000. Fue entre el 4 y el 5 de agosto pasado. Ella se dio cuenta de la defraudación cuando quiso pagar en un comercio y le dijeron que no tenía saldo.
En los distintos casos, la circulación del dinero con posterioridad a las sustracciones es velocisima: pasa por al menos 5 cuentas en minutos. Son pagos electrónicos inmediatos que en un breve lapso permiten el vaciamiento de la cuenta.
En el Poder Judicial admite que la problemática de las estafas -de este tipo o más básicas- generan cierto desborde en el área dedicada a esas investigaciones. Hay una lógica escasez de recursos, pero en este caso se hizo lo de estilo: se piden informes de eCommerce, o Mercado Pago. Lo que viene ocurriendo en general es que las estafas se complementan con la compra de bienes y servicios legales, pagados con dinero ilegal, desde bitcoin hasta teléfonos.
El destino del dinero conduce a veces a una cuenta cuyo propietario puede ser una persona no involucrada en un delito, sino alguien que vendió de buena fe, o al menos eso argumenta. Eso, desde ya, vuelve complicado el esclarecimiento completo de la situación.
Las investigaciones son lentas de por sí, y desde ya que van "corriendo de atrás" el camino del dinero, en manos especializadas y expertas.
El hecho ocurrió el viernes por la noche frente a un supermercado de la ciudad de Santa Rosa. El ladrón fue identificado al realizar compras con las tarjetas sustraídas. La Policía recuperó parte de lo robado en su domicilio.
El diputado provincial de la UCR, Javier Torroba, envió una carta formal al gobernador Sergio Ziliotto en la que expresó su rechazo a una posible modificación estatutaria en el Banco de La Pampa S.E.M., que —según denunció— busca implementar un sistema de “beneficio post laboral” para cargos jerárquicos, al que calificó como un régimen de jubilaciones de privilegio.
La inscripción se encuentra abierta hasta el 30 de abril. El objetivo es garantizar que todas las personas con terreno propio escriturado puedan acceder al crédito. Funcionarios recorren el interior provincial para brindar información y acompañamiento personalizado.
Cuatro hombres fueron interceptados en un control de rutina en la Ruta Provincial 105 y quedaron involucrados en un caso de caza ilegal. La Policía incautó un arma de fuego, municiones y restos de fauna silvestre.
Con fondos provinciales y un fuerte compromiso con la equidad, el Gobierno de La Pampa habilitó un moderno Centro de Desarrollo Infantil que ya comenzó a funcionar en la localidad. La obra se concretó pese a la paralización del financiamiento nacional.
La obra apunta a mejorar la seguridad vial, potenciar el desarrollo productivo regional y brindar una alternativa a la colapsada Ruta Nacional 35. La inversión supera los $6.000 millones y el plazo de ejecución es de 18 meses.
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Una adulta mayor fue víctima de una estafa en la localidad pampeana de Alta Italia, donde delincuentes lograron sustraerle 12.000 dólares. El hecho ocurrió el jueves por la tarde, entre las 17 y las 18 horas, cuando la mujer, de 90 años y que vive sola, recibió un llamado de una persona que se hizo pasar por su sobrina. Le dijeron falsamente que debía entregar el dinero por un supuesto cambio de denominación en los billetes estadounidenses.
Una tragedia vial sacudió la madrugada de este sábado en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 38,5 mano a Pilar, donde un auto volcó provocando la muerte de cinco jóvenes y dejando un herido de gravedad.
La mujer, de unos 45 años, sustrajo dinero y objetos de valor mediante un “robo hormiga” en la residencia donde trabajaba. Usó el dinero para refaccionar su casa.
El juez de audiencia Carlos Nicolás Pellegrino condenó a dos efectivos de la policía provincial por el delito de cohecho, ocurrido en el puesto caminero de Chamaicó. Los uniformados, Alfredo Reinaldo Agüero y José Gabriel Paulino Martínez, recibieron un año de prisión en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones policiales.
