El Tribunal de Impugnación Penal confirmó hoy una condena contra un joven de 25 años, a 12 años de prisión por ser autor de los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo –un hecho–, y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo –tres hechos–; todo en concurso real y en perjuicio de una hermana.
Judiciales 10 de septiembre de 2021
INFOTEC 4.0
Los integrantes de la Sala B, el juez Fernando Rivarola y la jueza María Eugenia Schijvarger así lo hicieron saber al no hacer lugar al recurso de impugnación del defensor oficial de General Pico, Héctor Alberto Freigedo, y de esa modo ratificar el fallo que la jueza de audiencia de esa ciudad, María José Gianinetto, dictara el pasado 28 de mayo.
Los hechos probados, al menos cuatro, ocurrieron desde que la hermana del imputado tenía 10 años y se produjeron en distintos lugares.
La defensa consideró que Ginanetto efectuó una errónea valoración de la prueba, que al fallo le faltó fundamentación y que existieron dudas razonables para que el acusado sea absuelto por aplicación del principio ‘in dubio pro reo’.
Rivarola y Schijvager, en cambio, manifestaron que la totalidad de la prueba reunidas –después de ser analizadas por ellos– “convalidaron el relato de la víctima” y “permitieron conformar un cuadro convictivo con entidad suficiente para acreditar la materialidad de los hechos investigados (…), sin que se adviertan deficiencias en la fundamentación de la sentencia”.
“La sentencia atacada (por la defensa) fue correcta y siguió los lineamientos de la sana crítica racional, toda vez que sus fundamentos sirvieron para afirmar que existió una relación necesaria entre los indicios, la prueba directa y la conclusión; permitiendo sustentar válidamente la declaración de certeza que requiere una sentencia condenatoria –agregaron–. No se advirtió en el resolutivo una valoración arbitraria o sesgada con relación a la totalidad de la prueba producida”.
“En suma –subrayó el TIP–, los relatos de las víctimas, las declaraciones testimoniales y los demás elementos de prueba otorgaron verosimilitud a los hechos denunciados y descartaron la postura exculpatoria esgrimida por el imputado, que negó su participación en los hechos”.
Yendo un poco más allá, el Tribunal planteó: “A la luz de lo analizado deberíamos preguntarme, ¿qué beneficio obtendría la víctima en denunciar a su hermano por tan infamante? A simple vista no se advirtió que la menor hubiera adquirido alguno, ya que sufrió graves daños sicológicos (…) Es decir, que no guardaron relación las consecuencias sicológicas que sufrió la menor con el ‘posible’ beneficio que obtendría, cual sería vengarse del padre, según lo expresado por este, es decir que ello carece de eficacia para lograr la desincriminación del imputado”.
Finalmente, con respecto a la pena, Rivarola y Schijvarger la justificaron y hasta la calificaron de “acertada, justa, prudente y equitativa”; agregando que “no se advirtió en la sentencia (de Gianinetto) una violación de las reglas de la lógica y la sana crítica, pues tuvo elementos de motivación suficientes –fácticos y jurídicos– que la justificaran”.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, les recibió ayer juramento en General Acha a Héctor David López, Lucas Gabriel González y Guadalupe Martín Dasso, quienes asumieron como fiscal y fiscal adjunto en el Ministerio Público y secretaria del Juzgado de Familia, Niñas y Niños Adolescentes, respectivamente.
El Tribunal de Impugnación Penal confirmó la absolución de Jonatan Iván Moyano, en orden al delito de lesiones gravísimas culposas en perjuicio de su pareja, al no hacer lugar a los recursos de impugnación de la fiscalía y la querella particular.
Javier Ale, un hombre de 60 años y con antecedentes penales, fue condenado a cinco años de prisión por ser considerado coautor del delito de robo doblemente calificado por haber sido cometido en despoblado y con la utilización de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada. Además fue declarado reincidente.
El juez de audiencia de juicio de General Pico, Marcelo Pagano, condenó a Nazareno Ezequiel Díaz, de 31 años, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal agravada; a la pena de cuatro años de prisión, con declaración de reincidencia.
La Sala "B" del Tribunal de Impugnación Penal de Santa Rosa confirmó la condena por abuso sexual simple dictada en primera instancia por la Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial.
Durante un acto organizado en el Edificio Judicial de General Pico, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Roberto Sappa, les tomó juramento a cuatro funcionarias que asumieron sus cargos como sustitutas en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial.
El acusado embistió con su auto a la víctima luego de una discusión en un bar, a raíz de las lesiones sufridas debieron amputarle una pierna. La jueza de audiencia de juicio de General Pico, María José Gianinetto, condenó a C. A. Fredes, de 26 años, como autor del delito de lesiones gravísimas culposas, agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor; a tres años de prisión en suspenso y tres de inhabilitación para conducir vehículos automotores.
Dos hombres que serían hermanos le propinaron una golpiza a otro joven que se moviliza en silla de ruedas. Según versiones extraoficiales de testigos que observaron la reyerta indicaron que la misma se dio, según las afirmaciones de los atacantes, a raíz de que el joven previamente habría agredido físicamente a la madre de ambos, provocando que la mujer debiera ser llevada a un centro de salud local.
El siniestro ocurrió en ruta provincial 7 entre las localidades de Metileo y Villa Mirasol. Los vehículos involucrados son un furgón Ducato y un tractor. Los dos vehículos circulaban en la misma dirección. Trabajó personal policial y también bomberos voluntarios.
Tras hackear esta mañana en teléfono de una empresa realiquense, los delincuentes se hicieron de los contactos y rápidamente inundaron los teléfonos allí agendados a la pesca de algún desprevenido que transfiriera dinero a cambio de la promesa de entregarles 800 dólares.
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El padre de la chica denunció el hecho Tanto el abuelo como la madre fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras una investigación del Ministerio Público Fiscal porteño. Se espera que la víctima declare en cámara Gesell
