A través del procedimiento de juicio abreviado, Gustavo Daniel Bray fue condenado ayer a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículo con motor que requiera habilitación de autoridad competente; como autor de los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción negligente, imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por acusar una ingesta alcohólica superior a un gramo por litro en sangre y desobediencia judicial en concurso real.
Judiciales25 de septiembre de 2021
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La sentencia fue dictada por el juez de control de Santa Rosa, Carlos Ordas, y el acuerdo del abreviado fue presentado, en forma conjunta, por la fiscala María Cecilia Martiní, el defensor particular Gastón Gómez, el querellante particular Mariano Alomar –en nombre de la hija de la víctima– y el propio imputado (57 años), quien admitió su culpabilidad y permaneció durante el proceso con prisión preventiva bajo el régimen de arresto domiciliario con control electrónico.
El hecho probado ocurrió el 7 de junio del año pasado a las 19.30, cuando Bray conducía una moto Zanella 110 cc., sin las luces reglamentarias encendidas y con Dinelli Del Carmen García Pardo como acompañante. Habiendo consumido alcohol más allá del límite permitido (1,62 g/l), y “a una velocidad mayor a la reglamentaria”, perdió el dominio del rodado en las avenidas Perón y Uruguay, cayendo la moto y ellos dos en la zanja de una obra en construcción, que “se hallaba emplazada allí con su correspondiente señalización”, indicó Ordas en el fallo. Como consecuencia del siniestro vial, García Pardo falleció más tarde en el hospital Lucio Molas.
El segundo hecho consiste en que Bray fue detenido por la policía al otro día, a la tarde, manejando una camioneta Ford F-100 en avenida Perón y Hucal, pese a que estaba inhabilitado para conducir, a raíz de una resolución dictada por el juez de control Daniel Ralli.
La fiscalía ofreció, en otras pruebas, que fueron valoradas por Ordas, el acta de la inspección ocular, informes técnicos –entre ellos uno de la Agencia de Investigación Científica–, fotografías, copias del pliego de licitación de la obra y filmaciones captadas por cámaras de seguridad de la Policía.
“Más allá del reconocimiento realizado por el imputado, al suscribir el acuerdo de juicio abreviado, quedó debidamente probado –destacándose el acta de constatación e inspección ocular– la señalización existente en el lugar y la falta de rastros de frenada de la moto; más el informe técnico dando cuenta del estado en que se encontró el vehículo y la falta de frenos en una de sus ruedas”, indicó Ordas.
Agregó que “no hubo rastros recientes de pérdida de líquido de freno, con lo cual el defecto de frenado ya existía al momento del hecho (…=), y con respecto a la otra rueda el sistema de frenado era deficiente (…) Por último está el informe de la AIC donde se detalló la mecánica del hecho , la velocidad que traía el rodado y el alcohol en sangre que tenía el imputado (…) Todo este cumulo de evidencias dieron la certeza sobre autoría y responsabilidad” de Bray.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dictó una sentencia histórica al resolver, por primera vez de manera unipersonal, un recurso directo interpuesto por las empresas Ford Argentina S.C.A. y Plan Óvalo S.A para Fines Determinados, que habían sido multadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
El juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín (foto), condenó hoy a un hombre de 39 años a tres años de prisión en suspenso, por ser autor del delito de abuso sexual simple por tocamientos, contra una niña menor de 13 años; en el marco de las leyes nacionales 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La víctima fue su cuñada.
En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Brinkmann, Córdoba, el asesinato de Aralí Vivas, una niña de ocho años, revela un entorno de violencia y abandono familiar. El fiscal de instrucción, Oscar Gieco, brindó detalles estremecedores a la radio local Cadena 3 sobre la investigación, que apunta a que la menor habría sido golpeada y abandonada antes de que el incendio se usara como posible táctica para encubrir otro crimen.
La motociclista sufrió la fractura de tibia y peroné. Además, le quedaron secuelas por el choque. La imputada también quedó inhabilitada para conducir y deberá cumplir reglas de conducta.
El gobernador Sergio Ziliotto firmó el decreto para el llamado a licitación de una obra estratégica que conectará a la localidad pampeana de Rancul con la cordobesa de Villa Huidobro, potenciando los recursos productivos y las comunicaciones entre ambas provincias.
Un desperfecto mecánico provocó un incendio que consumió casi por completo el vehículo de un alambrador de Speluzzi. Bomberos lograron extinguir las llamas y no hubo personas heridas.
Un santarroseño protagonizó un impactante accidente al quedarse dormido mientras conducía. Su vehículo colisionó con un camión, pero logró salir sin lesiones graves.
Las municipalidades enfrentan un desafío financiero para definir si podrán pagar el bono de 300 mil pesos otorgado por la Provincia a empleados estatales. Mientras tanto, intendentes ya solicitan reuniones con el Gobierno provincial.
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