El tribunal colegiado compuesto por los jueces de audiencia de juicio de la segunda circunscripción judicial, Marcelo Pagano, María José Gianinetto y Federico Pellegrino, condenó a Oscar Hugo Martínez, de 57 años, presidente de la Comisión de Fomento de Loventuel, por considerarlo autor material y penalmente responsable de los delitos de peculado y uso de documento privado falso en concurso ideal, en concurso real -140 hechos-, a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua.
Judiciales29/12/2021
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El juicio se desarrolló durante las jornadas del 16 y 17 de diciembre, con la actuación del tribunal colegiado antes mencionado, la participación del fiscal general Armando Agüero y el defensor particular Fernando Javier Gutiérrez.
Con las pruebas aportadas durante el juicio, el tribunal dio por probado que entre el mes de mayo de 2016 y noviembre de 2017 el acusado presentó rendiciones de cuentas de los gastos realizados por la Comisión de Fomento de Loventuel de la cual era Presidente, ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa, quien tiene la función de controlarlos y juzgarlos. Que a partir de dicho control y juzgamiento se logró determinar la existencia de facturas apócrifas que habían sido utilizadas para justificar el libramiento de cheques al portador, contrariando la normativa vigente que establece que los cheques deben ser librados “cruzados” y “no a la orden” (art. 1 de la Resolución conjunta del Tesorero General y Contadora General Nº 41/78). A esta maniobra, Martínez la realizó en 140 oportunidades pudiendo así sustraer la suma de $ 5.549.023 de la administración pública - la que se encontraba bajo su administración- incumpliendo con dicha responsabilidad funcional al burlar la correcta administración del erario público, bien jurídico protegido por el tipo penal previsto por el art. 261 del C.P.
En el fallo, el tribunal expresó que “la falsedad de dichas facturas consistió, en la mayoría de los casos, en utilizar nombres personales, domicilios, datos fiscales, etc. reales, para confeccionar talonarios de facturas que llevaban un nombre comercial falso, siendo entonces utilizadas con la finalidad mencionada. La investigación llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas primero, y por el M.P.F. después, arrojó que fueron 15 personas las que desconocieron las facturas presuntamente confeccionadas por ellos (…). Por otro lado se logró determinar que en virtud de dichas facturas es que se libraron cheques, todos ellos al portador cuando la reglamentación vigente lo prohíbe; y esto fue así porque de lo contrario, de ninguna manera el imputado habría podido sustraer el dinero de la administración pública, ya que de prestarse las 15 personas surgidas del informe contable a cobrar, habrían desconocido la operación”.
Martínez, mediante la utilización de facturas apócrifas, lograba sustraer dinero de la administración pública mediante la presentación de cheques que pudieran cobrarse en ventanilla, y de esa manera hacer uso arbitrario o discrecional de los fondos públicos obtenidos de manera ilícita. “Esta maniobra se repitió en cada uno de los 140 casos comprobados por el M.P.F. mediante la pericial contable ordenada”, dijo el tribunal.
Respecto a las condiciones personales del imputado Martínez, el tribunal expresó que “ su condición de Presidente de una Comisión de Fomento le otorga al acusado el carácter de funcionario público, y en virtud de la Ley 1597 (Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento) es un funcionario `administrador` ya que `…con arreglo a los ordenamientos respectivos, posee facultades de disposición de los bienes, es decir que tiene legalmente facultades para aplicarlos a finalidades determinadas por el orden jurídico…’. ”
Como circunstancias atenuantes, el tribunal tuvo en cuenta que el acusado carece de antecedentes condenatorios. Como circunstancias agravantes tuvo en cuenta “la cantidad de hechos que conforman el concurso real y el elevado monto de la suma sustraída, más aún si tenemos en cuenta que los $ 5.549.023 sustraídos corresponden al período comprendido entre el mes de mayo de 2016 y noviembre de 2017 y no ha sido actualizado a la fecha. Por ello se le impondrá la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal, es decir dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua”.
Finalmente el tribunal colegiado ordenó poner en conocimiento del fallo a la Fiscalía de Estado del Gobierno de la Provincia de La Pampa y al Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa.
El juez Diego Ambrogetti impuso una pena de efectivo cumplimiento a Matías Nicolás Basualdo, tras un juicio abreviado en el que el imputado admitió haber arrebatado las pertenencias de una mujer que viajaba en moto. Su cómplice obtuvo una probation.
Los cinco habían iniciado el trámite de refugiados en la Argentina.
Los sospechosos habrían sustraído mercadería por unos 2.000 dólares en locales de marcas reconocidas del shopping Dolphin Mall. Enfrentan cargos por robo minorista y defraudación, con fianzas que alcanzan los 4.500 dólares.
Así lo dispuso el fiscal Eduardo Taiano.
Roberto Darío Gatica es un mecánico de 41 años que compró dos camionetas, mediante la entrega de cuatro cheques robados y/o adulterados por 22 millones de pesos. Al comprobarse que cometió el delito de estafa en dos ocasiones fue condenado a la pena unificada de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y permanece detenido en General Pico.
La ex jueza fue inhabilitada por unanimidad para ejercer cargos.
Un susto que pudo ser mucho peor se vivió este lunes por la mañana en Río Grande, Tierra del Fuego, cuando el recientemente llegado avión Basler BT-67 perteneciente a la empresa Mirgor se despistó durante una maniobra de despegue en el aeropuerto local. La aeronave, que se encontraba realizando un vuelo de entrenamiento para pilotos, terminó fuera de pista y sufrió importantes daños estructurales, aunque sus tres ocupantes resultaron ilesos.
El Tribunal de Cuentas de La Pampa publicó en el último Boletín Oficial una serie de fallos que revelan importantes irregularidades administrativas en distintas Comisiones de Fomento, imponiendo cargos económicos millonarios y multas personales a sus responsables. Los casos más relevantes afectan a las administraciones de Damián Maisonnave con 11.8 millones de pesos, luego figuran Loventuel y Agustoni con cargos menores. Se detectaron pagos indebidos, uso inadecuado de fondos públicos y reiterados incumplimientos en la rendición de cuentas.
Un grave episodio de violencia tuvo lugar anoche en el Destacamento Policial de Maisonnave, donde un individuo ingresó en evidente estado de exaltación, insultando y amenazando al personal de guardia, mientras intentaba agredir físicamente a uno de los efectivos. Durante el altercado, el hombre produjo daños tanto en las instalaciones de la dependencia como en un móvil policial identificado, tras lo cual se dio rápidamente a la fuga.
La víctima, María Natalia Jeannée, vicedirectora de la Escuela Hogar de La Humada, fue hallada sin vida debajo de su vehículo
El presidente de la comisión de fomento de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, vuelve a quedar bajo la lupa luego de que el Tribunal de Cuentas de La Pampa determinara que utilizó recursos públicos para pagar los honorarios de su abogado defensor en una causa penal por abuso de autoridad. Según la resolución, ese gasto debía ser afrontado de manera estrictamente personal y no con fondos pertenecientes a la comuna.
El Poder Ejecutivo provincial estableció un horario reducido de 9 a 12 horas para la Administración Pública durante enero de 2026, una medida excepcional que busca disminuir costos operativos, optimizar el uso de la energía y adecuar la atención al público a la demanda estacional, sin afectar los servicios esenciales ni los haberes del personal.
En las últimas horas, un profundo gesto de agradecimiento llegó a la Comisaría Departamental de Realicó, donde una mujer se presentó para reconocer públicamente la labor de un efectivo policial que, con su rápida intervención, salvó la vida de su nieto de cinco años.
