Se trata de Carolina Marafioti, una de las invitadas al cumpleaños de Fabiola Yañez, a quien asistía como estilista de vestuario. Su defensa llegó a un acuerdo con el fiscal de la causa
Nacionales17 de marzo de 2022
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La Fiesta en Olivos se encamina a terminar con un acuerdo con todos los imputados. Carolina Marafioti, una de las participantes de aquel encuentro, acaba de llegar a un acuerdo con el fiscal del caso y donará $200 mil a un hospital para terminar sobreseída. Solo resta que lo homologue el juez de la causa, Lino Mirabelli.
Se trata del primer acuerdo en la causa, pero no será el único. En agosto del año pasado, cuando estaba a punto de ser imputado por el fiscal Ramiro González, el presidente Alberto Fernández ofreció donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán.
En los próximos días hará una presentación similar la primera dama Fabiola Yañez a través de su abogado, Juan Pablo Fioribello, quien coordina todas las defensas por una decisión del presidente. “Yo voy a proponer una reparación relacionada con la salud. Puede ser la compra de un respirador o el pago de unos días de una internación en terapia intensiva“, había dicho Fioribello en diciembre pasado en una entrevista con Infobae.
Técnicamente, el acuerdo alcanzado por Marafioti implica la extinción de la acción penal en los términos del artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que establece que la acción penal se extinguirá “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto por las leyes procesales correspondientes”.
Marafioti es representada en la causa por el abogado Alejandro Rúa, quien defendió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y defiende a Amado Boudou.
En su ofrecimiento al fiscal Fernando Dominguez, Rúa destacó que su defendida no tiene bienes a su nombre y que alquila un departamento de tres ambientes en el barrio de Belgrano. Además, destacó que es monotributista para realizar sus tareas como estilista.
A la hora de aceptar la reparación, el fiscal también tuvo en cuenta que Marafioti tiene hijos a su cargo. “Difícil es mensurar el daño causado en este tipo de casos a los fines de la reparación, sin embargo, si puede intentar fijarse algún criterio que permita tornar operativo el instituto, concitando los intereses en juego”, sostuvo el fiscal en su dictamen, al que tuvo acceso Infobae. Y agregó que la suma ofrecida alcanza para cubrir cinco días de internación de un paciente con COVID-19.
El Fiscal propuso que el dinero sea donado al Hospital Provincial Petrona V. de Cordero de San Fernando.
Una de las participantes de la fiesta donará $200 mil a un hospital para ser sobreseída
Marafioti es uno de los imputados en la investigación judicial por la violación de la cuarentena estricta sucedida el 14 de julio de 2020. El resto de los que estaban en esa reunión son Yañez, el presidente Alberto Fernández, Sofía Pacchi, Florencia Fernández Peruilh , Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Stefanía Domínguez, Fernando Consagra , Rocío Fernández Peruilh y Federico Abraham.
Al menos tres de los invitados, tal como reveló Infobae, circularon esa noche con un certificado que no tenía validez legal. Uno de esos invitados era Sofía Pacchi, una de las mejores amigas de Yañez, al menos hasta esa noche. Se trataba de certificados para “circular y transitar” que entregaba el intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodriguez. El dato surgió cuando la Jefatura de Gabinete respondió un pedido a la Justicia y reveló que cinco de los invitados no tenían un certificado de la aplicación CUIDAR.
La estrategia defensiva del Presidente fue cambiando desde el comienzo del escándalo: arrancó representándose a sí mismo y presentando un pedido de “falta de acción”, pero en diciembre pasado designó a dos abogados de su confianza y se alineó con el resto de las defensas.
El acuerdo alcanzado por Marafioti sería el puntapié inicial para que se presenten el resto de las defensas, aunque cada reparación dependerá de la situación económica del imputado. Primero deberá ser aceptada por la Fiscalía y luego homologada por el juez.
El expediente judicial comenzó en Comodoro Py y luego pasó a San Isidro en septiembre del año pasado, cuando el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y las partes decidieron no apelar. A partir de ese momento, la investigación acumuló decenas de medidas de prueba.
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