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El pedido de juicio político al ministro de Hacienda, Ernesto Franco, deberá ser tratado por la Sala Acusadora, donde la composición y los elementos de la denuncia determinarían que la acusación no supere esa instancia. Podría haber un rechazo 'in limine'.
La Sala Acusadora de juicio político se conforma anualmente en la Cámara de Diputados. Interviene en la aceptación de la denuncia y en una segunda instancia define si acusa o no al funcionario. El juicio político es un mecanismo de juzgamiento político previsto para el gobernador, Vicegobernador, Ministros del Poder Ejecutivo, Magistrados del Superior Tribunal, el Procurador General y el Fiscal de Estado.
La Sala Juzgado se conformó en la primera sesión ordinaria del 3 de marzo. Y se realiza por sorteo.
Aunque la composición por bloque, es resultado de un acuerdo político y fue votado por unanimidad en esa sesión. El acuerdo fue que tres integrantes fueran del bloque del FreJuPa, uno de la UCR, uno del PRO y el sexto, se definiría por sorteo entre los dos bloques unipersonales: Sandra Fonseca de Comunidad Organizada y Juan Brindessi, de Movimiento Productivo Pampeano (ex Comunidad Organizada).
En el sorteo quedaron como integrantes de la Sala Acusadora, Oscar Montes de Oca, Alicia Mayoral y Martín Balsa del FreJuPa; Francisco Torroba por la UCR, Eduardo Pepa por el PRO y finalmente Juan Brindesi (un legislador alineado con el oficialismo) fue la bolilla que salió para el último lugar.
Los suplentes son Carina Pereyra y Oscar Beilmann (FreJuPa), Lorena Clara (UCR), Matías Traba (Pro); y Sandra Fonseca. Los seis titulares son integrantes de la Sala Acusadora y los restantes 24 legisladores y legisladoras de la Cámara, integran la Sala Juzgadora.
En principio, como Francisco Torroba firmó la denuncia, y así sostendría la acusación en esa sala.
La Sala Acusadora tiene 40 días para analizar el juicio. Primero debe decidir su admisión: lo puede rechazar ‘in límine’ -es decir- de plano, por considerar que no hay elementos para su consideración.
Si lo admite, empiezan a correr los cuarenta días, que se consideran hábiles en los términos legales: allí el acusado es suspendido del cargo.
Lo debe promover con los dos tercios de los votos: es decir cuatro votos. En la siguiente etapa interviene la Sala Juzgadora que tiene un plazo de 30 días para definir la destitución o no del funcionario también con los dos tercios.
Si la denuncia es admitida, representaría un costo político porque deberían convocar a los integrantes de Pampetrol y a funcionarios del Tribunal de Cuentas en una investigación judicial preliminar.
En la tradición de la Legislatura, el PJ no dejó correr los juicios políticos contra sus ministros: hubo una cerrada defensa del exministro Juan Carlos Tierno, cuando en sus acusaciones contra tres periodistas, la jueza Verónica Fantini ordenó que se investigara la compra de un campo aledaño al suyo cuando era director por el capital estatal del Banco de La Pampa y su vecino deudor de la entidad.
Diferente fue lo ocurrido con el expresidente del Tribunal de Cuentas Natalio Perés que afrontó graves denuncias con un escándalo que tenía a un exministro y expresidente del Ipav como Hugo Agüero con un procesamiento e irregularidades comprobadas.
Ahora con tres integrantes de la Sala Acusadora por el oficialismo más el diputado Brindesi, no aparece un escenario para que avance el juicio político contra el ministro Franco. Más aun cuando no hay una condena (resultado de un juicio) que presione a los legisladores.
Solo la aparición de un elemento novedoso -más allá del dislate grave cometido por el ministro de Hacienda que provoca un daño poco reparable para el Gobierno y la empresa petrolera estatal- puede modificar el panorama político para que prospere un juicio político.
Gentileza: El diario
