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La muerte del animal ocurrió en 2019, en la localidad bonaerense de Mar del Tuyú. En la sentencia, acordada en un juicio abreviado, le confiscaron el vehículo con el que cometió el crimen
Nacionales21/05/2022
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El perro fue asesinado en agosto de 2019 y despertó el repudio de gran parte de la sociedad
Adrián Guillermo Rodríguez, un vecino de la localidad bonaerense de Mar del Tuyú, fue condenado por el Juzgado Correccional Nº 2 de Dolores a un año y medio de prisión condicional por asesinar a Rubio, un perro callejero que vivía en una estación de servicio al que arrastró con su camioneta durante varios kilómetros hasta causarle la muerte.


En la sentencia, a la que se llegó luego de un juicio abreviado en el que el hombre admitió su culpabilidad, se ordenó la confiscación el vehículo con el que cometió el crimen y que cumpla normas de conducta durante 24 meses. De acuerdo con el veredicto que lleva la firma del juez Jorge Agustín Martínez Mollard, Rodríguez fue hallado culpable del delito de maltrato y crueldad hacia los animales, además de las amenazas que profirió contra una mujer que pedía justicia por la muerte de Rubio.
El salvaje episodio ocurrió el 13 de agosto de 2019, cuando el condenado, un reconocido vecino de Mar del Tuyú que tenía una de las casas de elementos de camping más tradicionales de la zona, ató al perro a la caja de su camioneta y luego lo arrastró a toda velocidad.
El hombre condenado por la muerte del animal
Furioso, en aquel momento dijo que el animal lo había querido morder mientras cargaba combustible. Luego, levantó al perro de pelaje marrón claro, lo subió a su camioneta diciendo que lo llevaría al Centro de Zoonosis y luego advirtió: “¡Lo voy a matar!”, según aseguraron los testigos. El hombre ató a Rubio con una soga al guardabarros de su camioneta 4 x 4 y lo arrastró más de dos kilómetros haciendo zigzag sobre el asfalto. Le destrozó el tórax, las piernas y más de la mitad del cuerpo. Y lo dejó tirado.
Apenas trascendió que Rodríguez había sido señalado como el agresor, los vecinos lo denunciaron por crueldad contra un animal ante la Fiscalía de Mar del Tuyú. Posteriormente, la denuncia fue trasladada al Juzgado. Pocos días después, Rodríguez sufrió un escrache en la puerta de su comercio aunque él no se encontraba allí. Más tarde, el Concejo Deliberante del Partido de La Costa lo declaró “persona no grata” mientras el denunciado comenzaba a ser investigado por la justicia.
En noviembre, al cumplirse tres meses del hecho, un grupo de vecinos inauguró además una estatua para recordar al perro, con una placa que decía: “En memoria de Rubio, quien, con su triste partida, unió al mundo convirtiéndose en un pilar contra el maltrato animal”.
El repudio además llegó desde la comunidad artística, lo cual le dio una trascendencia inusual. “Un Inhumano arrastró con su camioneta a un perro hasta matarlo”, escribió Facundo Arana en sus redes sociales y cosechó el apoyo de colegas como Guillermo Franchella y Verónica Llinás, además del periodista Claudio Rígoli.
El animal vivía en una estación de servicio
La pena por maltrato animal, según el Código Penal, prevé condenas de hasta un año de cárcel. Por eso, ante la pena impuesta y el decomiso del vehículo, el fallo del juez es considerado inédito y sienta jurisprudencia. Además, porque se llegó al veredicto luego de un proceso abreviado y le ordenaron hacerse cargo de las costas del proceso.
El juicio oral y público debía realizarse en Dolores el mes pasado pero se postergó a pedido de la defensa, ya que Rodríguez había cambiado de abogado y se solicitó una prórroga para que pueda tomar conocimiento más profundo del expediente, así como de la acusación por amenazas, desobediencia y resistencia a la autoridad que iba a la par en el mismo debate. El Juzgado aceptó y dio fecha para el 20 de mayo. De no haber acordado, el hombre iba a ser sometido a una juicio en el que al menos 40 personas iban a declarar. Sin embargo, no hubo necesidad de tal despliegue porque Rodríguez asumió su responsabilidad.
El juicio abreviado se alcanzó a partir de un acuerdo entre los querellantes, la defensa y el ministerio público, representado por el fiscal de la UFI Nº5 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Roberto Miglio.





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