Una familia pretende quedarse con el aeródromo de Saldungaray

El Aeroclub Saldungaray está viviendo horas de incertidumbre y preocupación que pueden llegar a afectar a toda la población de esa localidad serrana. Sus autoridades, encabezadas por el presidente Jorge Nedermann, esperan novedades tras la denuncia que presentaron días atrás contra un privado que "tomó" el terreno donde funciona la pista de aterrizaje, que actualmente está cerrada con candado e inhabilitada.

Se trata -dicen- de José María Leturia y su padre José Domingo, nieto e hijo de Santiago Leturia, dueño original de las tierras y quienes aseguran tener derechos sobre las mismas.

Con la denuncia que formuló la entidad, ante la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca, se adjuntó copia del acta de la asamblea general ordinaria del 31 de agosto de 1952, donde consta que esa propiedad fue adquirida a Santiago Leturia en 36 mil pesos, así como otro terreno, para levantar el hangar, que se compró a Hipólito Tisera en 6.965 pesos.

Los denunciantes aseguraron que tienen posesión ininterrumpida desde hace más de 70 años -desde el momento que nació la institución-, aunque no cuentan o extraviaron el boleto de compra-venta, cuestión que les impidió formalizar la transferencia registral que figura a nombre de los Leturia.

Los integrantes de esa familia hicieron saber el mes pasado su intención de recuperar el inmueble y rechazaron una serie de propuestas de la comisión, hasta que el 16 de mayo directamente se les impidió a los miembros del aeroclub ingresar en el predio, con la colocación de cadenas y candado. Ese acto fue constatado por la escribana Norma Ustúa el pasado sábado 28 de mayo.

Agravamiento
La semana que pasó la cosa se agravó porque, siempre según los denunciantes, los empleados de Leturia retiraron el alambrado con protección eléctrica que impedía que la hacienda vacuna en campo lindero pudiera invadir la pista y empezaron a realizar tareas con un arado en el sector aledaño.

En la presentación se informó que la pista está registrada y figura en la página web de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y tiene habilitación no solo para la práctica deportiva y recreativa sino para vuelos sanitarios y otras emergencias, como pueden ser los incendios forestales.

"Esto genera un perjuicio personal, deportivo y a nivel de toda la población", reconoció Miguel Pérez, socio, piloto e integrante de la comisión directiva del aeroclub.

Dijo que esta situación los sorprendió cuando buscaban alternativas para financiar y adquirir una electrobomba y activar una cisterna para el uso de aviones hidrantes, porque se trata de "una base fundamental para los aviones de lucha contra los incendios".

El aeródromo más cercano es el de Tornquist, aunque se encuentra del otro lado del cordón serrano, según aclaró.

"Mucha actividad"
"Este aeroclub tiene mucha actividad, más allá de las emergencias. La pista se encuentra perfectamente marcada, tanto en sus extremos como en los laterales". 

 "El otro día aterrizó un Caravan que venía desde Córdoba por una reunión de funcionarios  nacionales que se hacía en el hotel Provincial de Sierra de la Ventana y durante la pandemia estaba a disposición para cualquier vuelo relacionado con el traslado de vacunas, aunque no fue necesario su uso", ejemplificó Pérez.

¿Desastre aéreo?
La comisión directiva, en la denuncia que formalizó el abogado Hugo Jorge Fernández, advirtió que existe un peligro latente, porque "si el día de mañana llegara a haber un incendio en la comarca, los aviones hidrantes no podrían aterrizar ni repostar agua para extinguir el incendio". "Nos encontramos desesperados y necesitamos la ayuda de todos y en especial de los colegas aeronáuticos", ampliaron.

Llegaron al punto de marcar que, en caso de no adoptarse una medida urgente, "podría generarse un desastre aéreo". "Esto no solo afecta el derecho de propiedad del aeroclub y su patrimonio sino que hace imposible el desarrollo de la actividad aeronáutica y pone en serio riesgo la seguridad de las aeronaves que operen en la misma", insistieron.

En la presentación judicial pidieron  que se disponga una medida cautelar de no innovar, ante la posible infracción al artículo 190 del Código Penal, que reprime con prisión de 2 a 8 años al quien, a sabiendas, ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave.

Informe: La Nueva