Tras una demanda de daños y perjuicios, el juez civil de primera instancia, Pedro Ariel Campos, condenó a la Provincia de La Pampa a abonarles una compensación económica a Alberto Pérez y Lorena Carina Morales, por la muerte de su hijo Facundo Nicolás Pérez, ocurrida en la alcaidía de Santa Rosa.
Provinciales28/06/2022
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El 5 de septiembre de 2018, Pérez, de 20 años, ingresó allí a la alcaidía luego de haber sido formalizado por homicidio doblemente agravado en perjuicio de su expareja, Flavia Fernández. Cuatro días más tarde, el joven fue hallado muerto en una celda que compartía con José Hernán Rodolfo Murray y Manuel Lautaro Santillán. Ellos dos fueron condenados a prisión perpetua por el crimen y la sentencia ya fue confirmada hasta por la Corte Suprema.
Las abogadas de los progenitores, Carina Mercedes Salvay y Carolina Morada, tras llevar a cabo la correspondiente demanda, hablaron del “deficiente control de los agentes de seguridad” del lugar y consideraron que sus conductas “resultaron determinantes para la perpetración de los actos homicidas que lo condujeron a su muerte”. Además cuestionaron las condiciones de salubridad y hacinamiento.
La Provincia sostuvo que el personal se ajustó a “las normas y prácticas penitenciarias” y que no existió falta de servicio estatal “por la diligencia demostrada” por los agentes en todo momento.
En los fundamentos del fallo, el juez afirmó que la Policía, “como órgano auxiliar del Poder Judicial, debe garantizar (como obligación legal directa estatal)” la seguridad de “una persona que está detenida, durante la tramitación del proceso (obligación que persiste hasta que finalice la detención)”.
“Como consecuencia de lo expuesto, se puede inferir que la demandada tiene a su cargo el deber de garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad que se alojen en comisarías y/o alcaidías provinciales, como instrumento de resguardo de la vida y la integridad de ellas”, indicó. “Desde esta perspectiva –agregó–, la atribución de responsabilidad al Estado Provincial no tiene por causa su accionar, sino la abstención de actuar en procura de preservar la vida e integridad física de los internos”.
Campos aceptó el pago de una indemnización por los rubros valor vida-pérdida de la chance, daño extrapatrimonial y gastos de tratamientos psicológicos; pero no por gastos de sepelio y luto y lucro cesante.
Fuente: Dos Bases.
La Dirección General de Defensa del Consumidor aplicó, de julio a diciembre del año pasado, 173 nuevas sanciones a distintas empresas de La Pampa o de otros puntos del país ante incumplimientos en las condiciones en la comercialización de productos o servicios, que afectaron el derecho de clientes.
La caída del busto del general Juan Domingo Perón, ocurrida durante la madrugada del 1 de enero en el acceso este de la localidad de Telén, generó sorpresa entre los vecinos, quienes inicialmente interpretaron el hecho como un posible acto vandálico. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que el episodio fue consecuencia de un accidente de tránsito.
El Registro Civil provincial difundió el listado de los nombres más elegidos para recién nacidos en todo el territorio pampeano. Olivia volvió a encabezar la preferencia entre las niñas por tercer año consecutivo, mientras que Mateo recuperó el primer puesto entre los varones.
Un grupo familiar de cinco integrantes protagonizó un accidente este jueves al mediodía, a la altura del kilómetro 251, en jurisdicción de Puelches. Tres de los ocupantes sufrieron lesiones de consideración y debieron ser derivados al Hospital Padre Buodo.
A cuatro años de la puesta en marcha del Régimen de Generación Distribuida, La Pampa registra 106 usuarios generadores adheridos, un desempeño que la posiciona en el séptimo lugar a nivel nacional por cantidad de participantes y en el décimo puesto en potencia instalada, con un total de 2.001,58 kilovatios, de acuerdo al último reporte actualizado a noviembre de 2025.
La Provincia de La Pampa cerró el año 2025 con equilibrio fiscal y cumplimiento de sus obligaciones básicas, según se desprende del balance anual presentado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y de las declaraciones de su titular, Guido Bisterfeld. El informe se da a conocer en un escenario nacional atravesado por dificultades macroeconómicas y restricciones en el flujo de recursos hacia las provincias.
Comerciantes de Realicó manifestaron ante este medio, disconformidad con la obligación de cerrar sus puertas a las 14 horas este martes 31 de diciembre, tal como lo establece la normativa vigente a la que adhirió el municipio en el marco de una Ley provincial Nº 2717. La medida, que se repite cada año en las fiestas de fin de año, volvió a generar reclamos en un sector que atraviesa un contexto económico complejo y que considera la restricción horaria como “perjudicial” para la actividad comercial en una de las fechas más importantes del calendario.
El siniestro ocurrió en la noche de este 31 de diciembre sobre la calle Estrada. La rápida intervención de los propietarios y vecinos con matafuegos evitó que las llamas consumieran un Renault Megane.
Lo ocurrido durante los festejos de Año Nuevo en Realicó volvió a encender el debate en torno al uso de pirotecnia y, especialmente, a la forma en que el Municipio aplica —o interpreta— las sanciones previstas para estos casos.
El hecho ocurrió en la tarde de este jueves 1° de enero sobre la calle 2 de marzo. Aunque inicialmente se activó la alerta por un incendio estructural, el fuego se limitó al sector de los fondos de la propiedad y fue rápidamente controlado.
La víctima presenta signos de violencia y se investiga si se trató de un femicidio.
Se confirmó que eran familiares entre sí y aparecieron fusilados dentro de una lancha que estaba la deriva en el río Coronda.
El cuerpo fue encontrado este viernes por la mañana en un domicilio de General Pico. La investigación está a cargo del fiscal Francisco Cuenca y se desarrolla bajo un fuerte hermetismo.
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