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Estuvieron presentes, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi, el Subsecretario de Gobierno y Registros Públicos Pablo Javier Boleas, el subsecretario de Niñas, Niños y Adolescentes Juan Pablo Bonino , el Director General de Promoción de Derechos Humanos Alejandro Osio, entre otras autoridades.
La capacitación, presencial y a distancia, es obligatoria para todos los jueces y juezas de control, audiencia y del Tribunal de Impugnación Penal, funcionarios del Ministerio Público (fiscales generales, fiscales/as titulares y adjuntos/as, defensores/as titulares y adjuntos/as y asesores de niñas, niños y adolescentes, etc.) que deban cumplir funciones en el marco de la citada norma. También está destinada a los operadores de organismos del Poder Ejecutivo que están vinculados a la ley.
El temario de Morabito –que volverá a hablar mañana, en el mismo lugar, en la cuarta jornada del ciclo– inició su carrera como escribiente en el Poder Judicial catamarqueño. Antes de ocupar la titularidad del juzgado fue prosecretario letrado de la Procuración General y secretario del Juzgado de Ejecución Penal. También es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca.
Su charla incluyó temas como activismo judicial, el proceso de los sistemas inquisitivos a los sistemas acusatorios en materia penal juvenil, ¿qué hacer en el mientras tanto?, la experiencia catamarqueña, roles en el Proceso Penal Juvenil (especialmente del/la juez/a penal juvenil) y las organizaciones de la comunidad en el proceso.
Durante las dos primeras jornadas en Santa Rosa, los que hablaron fueron otros dos especialistas: el abogado uruguayo Luis Pedernera Reyna, uno de los 18 miembros independientes que conforman el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidades; y Martiniano Rodolfo Terragni, prosecretario letrado de la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Allí surgió un dato importante. Que en el país la cifra de adolescentes privados de la libertad, es decir institucionalizados, es del dos por ciento del total de personas en esa condición.
Los objetivos generales del curso obligatorio son: a) lograr una comprensión de la justicia penal juvenil acorde a los estándares constitucionales y convencionales vigentes; b) fortalecer el federalismo en la búsqueda y producción de herramientas útiles e innovadoras en materia penal juvenil; c) aportar a la producción de formación de calidad en la República Argentina en materia penal juvenil, con miras a la efectividad; y d) preparar las bases necesarias para una siguiente formación en clave eminentemente práctica con el fin de aplicar la ley 3353 recientemente aprobada.
A su vez, las metas específicas apuntan a profundizar la capacitación en materia penal juvenil de operadoras y operadores del sistema penal; introducir herramientas concretas y adecuadas a un sistema penal acorde a la Constitución Nacional y normas internacionales en materia penal juvenil; ahondar las buenas prácticas en materia penal juvenil; y generar espacios de producción de ideas innovadoras o transformadoras en materia penal juvenil que preparen el terreno para una aplicación concreta de la nueva ley.
La capacitación tiene siete módulos, de dos días cada uno, se extenderá hasta el 12 de noviembre y es organizada por el Poder Judicial, el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.
