El hecho probado ocurrió el 17 de abril pasado, a la madrugada, cuando la progenitora “ejerció hechos de violencia contra sus hijas, intimidándolas en todo momento con un arma blanca que fue secuestrada en un terreno baldío lindero”, puede leerse en la sentencia dictada por el juez de control santarroseño, Carlos Chapalcaz, a partir de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Oscar Alfredo Cazenave, la defensora oficial Vanesa Silvana Ortiz y la propia imputada, una trabajadora rural de 53 años. Una hermana mayor de las víctimas también brindó su consentimiento en representación de las menores.

También las partes, incluyendo a la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes, acordaron que la madre cumpla durante dos años con una serie de reglas de conducta. Ellas son fijar residencia, someterse al cuidado de Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación de personas en conflicto con la ley penal y prohibición absoluta de acercamiento a menos de 200 metros y contacto por cualquier medio con sus hijas.

No obstante, Chapalcaz especificó en el fallo que esta última regla podrá dejarse sin efecto, en forma parcial o total, si los equipos técnicos de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia –que realizan un seguimiento de las damnificadas– así lo aconsejasen para no obstaculizar una posible revinculación con su madre.​