El fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que le envíe información sobre los 250 mil beneficiarios de planes sociales que compraron dólares o declararon Bienes Personales.

La nota, fechada este viernes 11 de noviembre, indica que se abrió una investigación preliminar ante la posible comisión de un delito.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la Investigación Preliminar n° 120, en trámite ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°9, a mi cargo, a fin de solicitarle se sirva remitir a esta sede, con carácter de urgente, una copia del relevamiento y/o entrecruzamiento de datos que habría permitido detectar una numerosa cantidad de personas que adquirían divisas extranjeras de las arcas del Estado Nacional, siendo también que declaraban bienes personales y percibían bienes sociales”, asegura el oficio firmado por Marijuán.

Infobae anticipó el miércoles que el Ministerio de Desarrollo Social había recibido una nota de la AFIP en donde se alertaba sobre algunas irregularidades vinculadas al programa Potenciar Trabajo. Casi el 20% de los beneficiarios no cumplían condiciones para recibir la ayuda estatal. Las incompatibilidades detectadas son: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.

El informe había sido solicitado a la AFIP el 30 de junio por el entonces ministro del área Juan Zabaleta.

Fuentes judiciales no descartaron que Marijuán pida en los próximos días la desafectación de las 253.184 personas sobre las cuales la oficina de recaudación puso la lupa. Según trascendió, el fiscal tiene indicios de que hay personas que declararon ser propietarios de dos o más inmuebles e incluso compraron más de 1000 dólares en los últimos meses.

El decreto número 728, firmado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández, prohíbe el ingreso de nuevos titulares al programa Potenciar Trabajo y promueve que se den de baja los casos donde surgen incomptabilidades. La normativa afirma que “el ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital, ello en el marco de la normativa que rige los programas que prevén transferencias para dichos fines y de la que dicte la autoridad competente para su debida implementación”.

Ayer, miles de piqueteros realizaron una protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social. El Gobierno logró disuadir a los manifestantes de que pasen la noche en la 9 de Julio con carpas en una reunión a la que asistieron funcionarios de segunda línea. No obstante, Eduardo Belliboni, uno de los líderes de la movilización anticipó que habrá más cortes si no se anuncia un bono de fin de año de $45.000, idea que por ahora genrea resistencias en el Poder Ejecutivo.