Juicio político a la Corte Suprema: el Frente de Todos ultima detalles para presentar la denuncia en Diputados

Los diputados oficialistas darán a conocer el proyecto entre jueves y viernes. Se mantendrá el espíritu del escrito impulsado por el Presidente y gobernadores. Se tratará en sesiones extraordinarias y la Comisión de Juicio Político se formará entre 25 y 26 de enero. 

Nacionales11 de enero de 2023INFOTEC 4.0INFOTEC 4.0
1672871560691

El Frente de Todos ultima detalles sobre la denuncia que desembocará en un pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema y que ingresará este jueves en la Cámara de Diputados, según confirmaron fuentes parlamentarias a El Destape. Será presentada por legisladores del oficialismo para que tenga vigencia por tres años y no por uno si proviene del Poder Ejecutivo. El escrito mantendrá el espíritu del proyecto redactado por el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores.

Los diputados oficialistas que integran la Comisión de Juicio Político se reunieron este miércoles por videoconferencia para analizar la estrategia de cara al debate sobre la Corte Suprema de Justicia y, según anunció su titular, Carolina Gaillard, la convocatoria a ese cuerpo de trabajo se hará entre el 25 y 26 de enero. La iniciativa será tratada en las sesiones extraordinarias, que serán convocadas para la segunda quincena de enero. El decreto con el listado de proyectos que enviará Alberto Fernández, aseguran desde Casa Rosada, será firmado mañana y publicado el viernes en el Boletín Oficial.

Quienes integran la Comisión de Juicio Político (31 en total, 16 del oficialismo) son Carolina Gaillard (presidenta), Marcos Cleri, Ricardo Daives, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Mario Leito, Vanesa Massetani, Micaela Morán, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky. También estuvo presente en la reunión Germán Martínez, líder del bloque del FdT en la cámara Baja. 

Tras el encuentro con asistencia perfecta, los legisladores emitieron un comunicado donde prometieron “estudiar a fondo” las decisiones tomadas por los cuatro jueces del máximo tribunal. "Avanzamos en el análisis de los próximos pasos a dar en función de la solicitud que nos fue entregada la semana pasada por el presidente de la Nación y gobernadores de provincias”, informaron los diputados. Además, señalaron que analizarán el pedido de juicio político a la Corte “en pleno cumplimiento de la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación y el reglamento de la Comisión de Juicio Político”.

“Impulsaremos un debate profundo, con argumentos, alejados de toda chicana e interés mezquino”, indicaron, y agregaron: “Estudiaremos a fondo las decisiones tomadas por la Corte Suprema y sus implicancias para la división de poderes, el federalismo y el funcionamiento de las instituciones”. Y convocaron a “todos los bloques” que integran la comisión a “dar una discusión intensa, desde nuestras verdades relativas, de cara a la sociedad argentina”.

Este miércoles, la mesa nacional de JxC advirtió que participará del debate, pero no dará quórum para avanzar con ese proceso de remoción de la Corte en el Congreso, a la vez que no apoyará ningún proyecto que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento "mientras siga este atropello", contra el máximo tribunal.

Los cruzó el diputado nacional por el FdT, Leopoldo Moreau, que integra la comisión de Juicio Político, y calificó a la maniobra como "gravísima" porque es "anunciar que van a paralizar" al Poder Legislativo. "La presión de los grupos dominantes ya no es solo sobre cada integrante sino que también es de carácter institucional. Ahora JxC dice que no va a tratar ninguna ley si no sacamos el juicio político. Eso es gravísimo. Están anunciando que van a paralizar el Congreso", sostuvo Moreau en declaraciones a la radio AM 750.

En esa línea se manifestó también el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT), quien consideró: "la Cámara está trabada desde antes que el Presidente anunciara el juicio político a la Corte. Desde principios de diciembre estamos sin actividad". Según Tailhade, "el juicio a la Corte les da una excusa para seguir paralizando la Cámara, cosa que va a pasar, ya que aunque el Presidente no hubiera hecho ese anuncio, creo que hubiera seguido la parálisis de la Cámara".

Además, Tailhade pidió que el Presidente en el DNU de sesiones extraordinarias habilite todos los juicios políticos contra la Corte Suprema. "Todos debería habilitar. No solo este. Hay pedidos de juicio político de la Coalición Cívica también contra esta Corte", afirmó en diálogo con Diputados TV.

Por otro lado, esta mañana la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el Gobierno nacional la convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para la segunda quincena de enero, tal como se había anunciado, para tratar el pedido de juicio político a la Corte Suprema y otros proyectos.

De esta forma, la funcionaria desmintió cambios en los plazos que se fijo el Gobierno para el llamado a extraordinaria, y se remitió a la información que brindó el jueves pasado, cuando contó en Casa Rosada que el presidente Alberto Fernández pretendía que "los tiempos sean lo más breves posibles" en relación al trámite del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez presentado el texto por los diputados, el proyecto tendrá validez por tres años, y no cae con la renovación del cuerpo, es decir que si el oficialismo consigue dictamen por mayoría simple pero no lo puede llevar al recinto este año porque no logra los dos tercios necesarios podría insistir más adelante si reúne las voluntades necesarias aunque en un año electoral esa alternativa es menos viable.

Te puede interesar
BOLICHE 1

Boliche bailable clandestino en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo

InfoTec 4.0
NacionalesEl jueves

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó el allanamiento de un inmueble cedido a la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, donde presuntamente operaban un boliche clandestino y un búnker político. Según el funcionario, la propiedad, originalmente otorgada para fines educativos, estaba siendo utilizada para actividades irregulares.

Lo más visto