El Tribunal Oral Federal condenó a David Bravo, exintendente de 25 de Mayo y actual concejal por el Movimiento Popular Venticinqueño, a 5 años de prisión por ser participe necesario de una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Judiciales15 de febrero de 2023
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Por otro lado consideró prescripto el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Los jueces otorgaron la misma condena a Nurys Caraballo Castillo, dueña del prostíbulo. El Tribunal decidió absolver al excomisario Miguel Ángel Oyarce, quien estaba acusado de encubrimiento.
El exintendente de 25 de Mayo, David "Sapo" Bravo, fue encontrado culpable por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y condenado a 5 años de prisión efectiva, por ser participe necesario por habilitar un cabaret cuando estaba prohibido. El viernes 24 se leerán los fundamentos de la sentencia.
El Tribunal Oral Federal realizó hoy la lectura de la parte dispositiva de la sentencia en la que lo responsabilizó como "participe necesario del delito de trata de personas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años, mediante abuso de su situación de vulnerabilidad, con la finalidad fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual, agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas".
Los jueces no hicieron lugar al pedido de nulidad de la causa por parte de la Defensa de los imputados.
A su vez declararon la prescripción del delito de sostenimiento de una casa de tolerancia para Bravo y Caravallo Castillo, y la prescripción del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público para Bravo.
Condenó a Nurys Caraballo Castillo como "autora del delito de trata de personas, en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años de edad, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de explotación sexual, agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas y en el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia".
En tanto, el Tribunal absolvió a Miguel Angel Oyarse, el excomisario de 25 de Mayo imputado por el delito de "encubrimiento".
El viernes 24 de febrero los magistrados darán a conocer los fundamentos de la sentencia.
Tras la sentencia, el abogado Juan Recia, representante de Bravo, consideró que «no está acreditada la participación necesaria en el delito de trata de personas», y que apelarán el fallo ante la Cámara de Casación Penal.
Por su parte, la fiscala Iara Silvestre, se mostró conforme con la sentencia. "Quedó probado que Bravo era participe necesario por haber permitido el funcionamiento del cabaret al renovar su habilitación, pese a encontrarse una ordenanza municipal, que prohibía la habilitación de cabarets en 25 de Mayo, y así lo entendieron los jueces", manifestó. (Plan B Noticias)
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En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
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