Dos firmas que operan en La Pampa, investigadas por no liquidar dólares

Dos empresas pampeanas están siendo investigadas por el Banco Central por incumplir la normativa cambiaria y no liquidar los dólares correspondientes a exportación.

Se trata de las firmas propietarias de los frigoríficos de Bernasconi (HV) y de Frigorífico General Pico, quienes integran un listado de 25 exportadoras están sumariadas e investigadas por el Banco Central y en algunos casos con la suspensión para seguir operando en comercio exterior.

Según un informe del diario Página/12, el total de esas empresas no liquidaron 4.331 millones de dólares de ventas al exterior.

"Si bien es una suma que representa el 1,9 por ciento de las exportaciones realizadas desde el 2019 (registro global de 232.547 millones), esos dólares podrían brindar un poco de desahogo a un exhausto Tesoro del Banco Central", señala la nota firmada por el economista Alfredo Zaiat.

Al tope de esa lista figuran las agroexportadoras Díaz & Forti y Vicentin. Entre ambas acumulan 2235,6 millones de dólares de embarques enviados con diferentes niveles de incumplimientos en el deber de vender esas divisas en el mercado único de cambio.

Díaz & Forti, del grupo Olio, retuvo 1395 millones de dólares, mientras que Vicentin llegó a los 840 millones.

Según P/12, ambas firmas tuvieron estrechas relaciones comerciales. Mientras Vicentin estaba en default, en 2020 Díaz & Forti alquilaba sus instalaciones operando a fasón. Es un vínculo sospechoso puesto que Díaz & Forti no era una exportadora importante, y en el año de la debacle de Vicentin pasó a alquilar sus instalaciones para terminar despachando millones sin explicar cómo consiguieron la financiación del capital de trabajo para esta expansión.

El Banco Central suspendió las operaciones en el mercado de cambio de Díaz & Forti. Un informe del Banco Nación, unos de los principales acreedores damnificados del fraude de Vicentin, precisa que el financiamiento de Díaz & Forti fue con mutuales y cooperativas de Rosario, movimientos opacos de dinero puesto que las compañías agroexportadoras lo hacen con el sistema bancario nacional e internacional.

Junto con Glencore se quedaron con el cupo de mercado que pertenecía a Vicentin en la exportación de granos.

Medidas.

El listado completo incluye a Díaz & Forti, Vicentin, Extrugreen, Huachana, P&P Expo Impo SRL, Clodomira Industrial, Centro Electro, S&F Global Servicio, Marfepa, World Quality Fish, Alimentos Coronel Baigorria, Galileo Technologies, Grupo TBA, Art Logistics, Pesquera Mar Chiquita, FGF Trapani, Argen-Time SAS, Curtiembre Arlei, Refinería de Grasas Sudamericana, Pesquera Tolmar, Agroskita SAS, AMT Sud, Fénix International y cierran las dos con operaciones en La Pampa: Frigorífico HV y Frigorífico General Pico.

Estas 25 empresas están siendo investigadas por el Central, algunas con medidas precautorias, otras con sumarios cambiarios abiertos y las 10 con mayores incumplimientos están suspendidas para operar en comercio exterior.

La mayoría cuenta con fiscalizaciones iniciadas con varios meses de trámite, con embargos sobre los bienes de la empresa y en gran parte de los casos sus directivos tienen, por pedido del Banco Central, impedimentos para salir del país. Algunos sumarios se encuentran en la Justicia para el dictado de la sentencia respectiva.

El proceso de fiscalización del Banco Central tras detectar una posible violación al régimen penal cambiario comienza con una inspección a la empresa, en el cual se le solicita que liquide las divisas que declaró haber exportado o que explique los motivos por los cuales no ingresó los dólares al mercado.

Luego, si fracasa esa instancia, se le bloquea a la empresa la posibilidad de nuevos embarques y se le inicia un sumario. El próximo paso puede implicar la prohibición de exportar o importar y del acceso al mercado de cambios.

Una vez concluidas las actuaciones cambiarias son giradas para el comienzo de sumarios penales, cuya tramitación también está a cargo del Central. En estos casos, la ley 19.359 establece que la sentencia debe ser impuesta por la Justicia Penal Económica de la Ciudad de Buenos Aires o por los jueces federales en el interior del país.

Sumarios

Desde 2020 el Central inició 501 sumarios por un monto total de 2218 millones de dólares, de los cuales 65 se realizaron a bancos y entidades cambiarias por 710 millones de dólares.

En cuanto a la exportación de bienes, desde septiembre de 2019 la Gerencia Principal de Control del BCRA realizó 77 medidas precautorias, que prohibieron la realización de nuevas exportaciones y el acceso al mercado de cambios para importar.

También llevó adelante 35 medidas precautorias vinculadas a la importación de bienes en donde también se prohibió la realización de nuevas importaciones y el acceso al mercado de cambios.

Fraudes, embargos e inhibiciones

El listado de las 25 empresas con mayor monto de embarques vencidos en situación de incumplimiento muestra ciertas particularidades, según revela Página/12.

Las dos primeras empresas (Díaz & Forti y Vicentin) concentran más de la mitad de los incumplimientos, están vinculadas a la exportación de granos, están procesadas por maniobras fraudulentas y, además, con embargos millonarios dictados por la Justicia.

Las 10 primeras firmas están suspendidas para importar o exportar. La mayoría está registrada para realizar operaciones con granos, una empresa está investigada por posible fraude con exportación de carne y otra es del rubro de la pesca.

De la suma total no liquidada, el 5,10 por ciento corresponde a incumplimientos de menos de 200.000 dólares, lo que hace suponer que se trata de pequeñas y medianas empresas.

La palabra de Sergio Massa

Al momento de anunciar el dólar agro a 300 pesos, que incluye el dólar soja a esta misma cotización, el ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió a los "más de 3.700 millones de dólares de empresas argentinas exportadores que no han cumplido con la liquidación de los dólares que exportaron". El monto correcto es 4.331 millones.

Informó que activaría un mecanismo de suspensión del CUIT vencidos los plazos establecidos de 180 días para la liquidación.

"Aspiramos a que aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central por 3.700 millones de dólares de alguna manera se transformen en personas no hábiles comercialmente, porque les hacen daño no solamente a las empresas argentinas y a las economías que trabajan, producen y exportan, sino también a la credibilidad y la fortaleza de la moneda argentina", dijo.

También adelantó que se impulsará no solamente la baja del CUIT de cada una de esas empresas y de sus directores, sino también en paralelo la imposibilidad de acceder al mercado de cambio para todas esas empresas. Para advertir: "Les damos 30 días para que hagan simplemente lo que la ley les manda a hacer".