Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron a los jueces de la Corte los peritajes de la Policía Federal y de la Universidad de Buenos Aires que detectaron la intervención de otras personas en la elaboración de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno.
Nacionales08/08/2023
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Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner se presentaron en la Corte Suprema de Justicia notificando a los magistrados la existencia de los dos peritajes -de la Policía Federal y de la Universidad de Buenos Aires- que indican que otras manos intervinieron en la elaboración de los cuadernos del exchofer de Planificación Oscar Centeno.
En el breve texto, Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy pidieron, por segunda vez, la nulidad de la causa. Los letrados ya le habían dicho al máximo tribunal que el expediente sobre presuntas coimas fue instruido por un juez y un fiscal -Claudio Bonadio y Carlos Stornelli- incompetentes, que debían haber mandado la causa a sorteo y se la quedaron de manera irregular. Y, además, en función de lo que dicen los nuevos peritajes, el caso se basa en una prueba viciada, constituida de manera inválida, a partir de cuadernos que no fueron escritos por quien dijo que los escribió y en función de dos testimonios falsos. Primero, el chofer Centeno sostuvo bajo juramento que había quemado los cuadernos y luego aparecieron. Segundo, su amigo Jorge Bacigalupo, también bajo juramento, afirmó que no tuvo nada que ver con la elaboración de los cuadernos, que solo los recibió y se los pasó a un periodista. Los peritajes demostraron lo contrario.
El escrito de Beraldi y Llernovoy fue presentado el viernes pasado y se agrega a otro anterior en el que se resumían las irregularidades del expediente, empezando por la insólita maniobra del dúo Bonadío-Stornelli. Ambos se apropiaron del expediente argumentando que se trataba de la misma causa iniciada por las compras de Gas Natural Licuado. El aparato de Comodoro Py -en el espíritu de los visitantes de Olivos-Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri y los viajeros a Lago Escondido- convalidó la jugarreta. En total, hubo 66 imputados, 46 empresarios -entre ellos el primo de Macri, Angelo Calcaterra- y veinte funcionarios, con Cristina Kirchner a la cabeza. El objetivo evidente fue quedarse con empresas y contratos de obra pública de distintos empresarios y, sobre todo, continuar la persecución de quienes tuvieran cualquier vínculo con el gobierno de CFK. El que se "arrepentía" y mencionaba a Cristina, volvía a su casa; el que se negaba a ese "arrepentimiento", seguía en prisión. El relato descarnado lo repitió el empresario Gerardo Ferreyra en este diario, la semana pasada.
Los peritajes
Uno de los imputados, el empresario Armando Loson, mandó a hacer un peritaje privado de los cuadernos y se determinó que hubo 1600 tachaduras y correcciones, con sustitución de nombres y direcciones. Con esa conclusión, presentó una denuncia que recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado ordenó varios peritajes, ya no privados sino oficiales, cuya transcripción se publicó en este diario. Beraldi y Llernovoy consignaron la nota de Página/12 -el título fue "Cero en dictado"- y le pidieron a la Corte que, a su vez, le reclame oficialmente al juez copias de los peritajes de la Policía Federal y la UBA.
La Policía Federal especificó que la letra con la que se hicieron los cambios y correcciones en los cuadernos se corresponde con la del expolicía Jorge Bacigalupo.
La UBA determinó que los cuadernos 7 y 8 fueron dictados y redactados con otro lenguaje, con otro nivel lingüístico que el cuaderno 4. Es decir que se percibe que intervinieron otra u otras personas.
Todos los estudios se realizaron únicamente en esos tres cuadernos porque el Tribunal Oral que tiene la causa principal se negó a entregar los cuadernos originales y, además, se viene negando a hacer un peritaje oficial. La diferencia entre los primeros cuadernos y los últimos es que en los primeros sólo se mencionaban viajes, mientras que en los últimos hubo un brusco cambio, se empezaron a consignar supuestas sumas de dinero.
Un policía muy raro
Con los resultados de los peritajes, el juez Martínez de Giorgi ordenó el análisis de lo encontrado en un allanamiento en la vivienda de Bacigalupo.
Quien aparece como el autor de las correcciones y cambios en los cuadernos vive en un edificio de primer nivel, en la calle Moldes, de Belgrano. Se ve que progresó mucho porque en la Federal sólo llegó a sargento.
Tampoco se condice con el nivel de vida de un sargento que a Bacigalupo se le encontraron un celular Sony, un celular Samsung, modelo SM N950F, y otro Samsung Modelo SGH-C276L. O sea, tres celulares y una notebook marca Dell.
Desde ya que Bacigalupo mintió en su declaración como testigo porque, obviamente, nunca dijo que participó de algún modo en la elaboración del contenido de los cuadernos. Sostuvo todo lo contrario: que Centeno se los dejó y que solamente se los dio al periodista Diego Cabot.
También Centeno mintió cuando declaró como arrepentido, bajo juramento: afirmó que había quemado los cuadernos en una parrilla. El 22 de octubre de 2019 aparecieron seis cuadernos de los ocho, sanos y salvos. Fue justito, justito, cinco días antes de las elecciones presidenciales. El periodista de La Nación dijo que se los entregó un desconocido en una esquina de Vicente López, pero cuando se quisieron revisar las cámaras del lugar, se argumentó que era una violación de la reserva de las fuentes.
El gran interrogante es quién está detrás de Bacigalupo y cómo es que consiguió un status de vida muy superior al de otros sargentos retirados de la Federal.
Cinco años sin peritajes
La causa principal ya fue elevada a juicio y está en manos del Tribunal Oral 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, éste último trasladado ilegalmente a ese tribunal por Mauricio Macri. La fiscal es Fabiana León, integrante de la escudería macrista de Comodoro Py.
El expediente cumplió cinco años desde que los cuadernos salieron a la luz, pero ni el ya fallecido Bonadio ni la Cámara ordenaron que se peritaran los cuadernos. Tuvo que tomar la iniciativa Loson, propietario del Grupo Albanesi, que ni siquiera tuvo contratos de obra pública. Pese a que su abogado, Carlos Vela, demostró las tachaduras y correcciones y que quedó también evidenciado que ni siquiera estaba en Buenos Aires cuando se hizo una de las supuestas entregas de dinero, la Justicia no lo absolvió: igual lo incluyó entre los acusados del juicio oral. El aparato de Comodoro Py no se rinde.
Ahora Beraldi y Llernovoy le pidieron al Tribunal Oral que le reclame a Martínez de Giorgi copia certificada de los peritajes de la Policía Federal y la UBA, además de que casi todos imputados exigen que, de una vez por todas, se haga un estudio global con los cuadernos originales. Por ahora no hay respuesta. Y seguro que también se demorará una contestación de la Corte Suprema.
Fuente: Página/12
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