NACIONALES | En el foco de la tormenta tras las cautelares que dictaron la suspensión de una parte del DNU, el Gobierno evalúa la posibilidad de aplicar modificaciones en las desregulaciones a la actividad pesquera contempladas en la Ley Ómnibus que despertó críticas incluso en sectores afines a la gestión del presidente Javier Milei.
Según reveló el secretario de Comunicación y Medios, Eduardo Serenellini, ante la prensa acreditada, entre ellos la agencia Noticias Argentinas, el autor del Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Ómnibus, Federico Sturzenegger -desde los inicios de la confección de ambos proyectos- estuvo dispuesto a conversar los puntos que apuntan a modificar la Ley Federal de Pesca.
“Es parte de la democracia”, admitió el flamante funcionario al plantear que, a pesar de las intenciones de la gestión libertaria de potenciar la actividad pesquera, atenderán las reticencias de los sectores que cuestionan la apertura en el sector.
Durante la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, también hizo referencia al tema al sostener que “en el caso de la pesca, la actividad está por debajo de su punto óptimo” por lo que el Gobierno entendió que “está apertura hace que la actividad pueda crecer y no por el contrario que haya perdida de empleo”.
A pesar de la afirmación aseguró que el Gobierno está abierto a dialogar “los puntos que puedan generar controversias” y aclaró que “como cualquier ser humano puede cometer alguna cuestión que pueda corregirse”.
“En virtud de la modificación de los artículos de ley, estamos abiertos al diálogo y al debate”, resaltó el vocero desde la Sala de Conferencias, y completó: “Gran parte del debate legislativo es ponernos de acuerdo, intercambiar opiniones, y quienes se ven afectados serán parte del diálogo y la discusión”.
En sintonía, pasado el mediodía, a las 13, el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibirá al chubutense Ignacio Torres, uno de los cinco gobernadores patagónicos que cuestionaron las modificaciones del proyecto de ley, y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.
A través de un documento dirigido al Gobierno, los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Neuquén, Rolando Figueroa, rechazaron las desregulaciones a la que se plegó de palabra, Axel Kicillof.
Entre las reformas dispuestas que generaron la reacción de un grupo de gobernadores e intendentes del PRO figuran la búsqueda de derogar el artículo 25 del Régimen Federal de Pesca Ley 24.922 que “obliga a descargar toda la pesca de los barcos que tengan licencia argentina en puertos de nuestro país, con el claro fundamento de generar empleo directa e indirectamente en el suelo argentino”.
También el artículo 27 que establece que se hará una licitación pública entre empresas argentinas y extranjeras, sin atender el historial de capturas de los últimos 10 años, la capacidad de inversión, entre otros factores, generando así una competencia desigual y el artículo 40 que, actualmente, establece que el personal de embarque debería ser de nacionalidad argentina con 10 años de residencia.
Con las modificaciones propuestas por La Libertad Avanza se busca eliminar la obligatoriedad de este ítem, lo que posibilitará a las empresas a contratar personal extranjero, no alcanzados por los convenios colectivos de trabajo.
