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El actual Régimen Penal Juvenil prevé penas para adolescentes solamente entre los 16 y 18 años y desde hace años que el Congreso nacional viene acopiando proyectos de ley -presentados por diputados y senadores de espacios políticos que van del centro hacia la derecha- que apuntan a reducir la edad de imputabilidad.
La mayoría de esas iniciativas, que acumulan polvo en despachos del Congreso, fijan la edad a partir de la cual los adolescentes son pasibles de recibir sanciones penales a los 14 años, y en algunos otros casos desde los 15 años.
La propuesta de Martínez es, en ese sentido, la más osada de las presentadas hasta el momento, ya que establece el piso a una edad mucho más temprana, cuando los menores están atravesando la preadolescencia.
La iniciativa contempla penas máximas de hasta 20 años de reclusión para los mayores de 16 años y de hasta 15 años para los menores que tuvieran entre 12 y 15 años al momento de la comisión de un delito.
A la hora de justificar su proyecto, el mendocino sostuvo: “La situación de inseguridad que vive la Argentina es preocupante debido al absoluto abandono de las víctimas que han hecho los gobiernos populistas y la exorbitante protección que poseen los delincuentes que no respetan ni tienen consideración por el más mínimo derecho fundamental de las personas”.
“El desprecio a la vida, a la libertad y a la propiedad privada se ha vuelto moneda corriente”, lamentó el legislador libertario.
“Llegó el momento de que se acaben los privilegios para los delincuentes y asesinos. Basta de impunidad y de doctrinas garantistas. Hay que dar un mensaje claro de que el que las hace las paga. Es momento de que los preocupados sean los delincuentes y no los ciudadanos”, concluyó.
Además del capítulo sobre las sanciones penales, el proyecto de Martínez incluye medidas una batería de medidas como orientación y apoyo socio familiar; imposición de reglas de conducta; prácticas de servicios a la comunidad; régimen de libertad asistida y medidas de internación en caso de que el menor lo requiera.
La cuestión de la edad de imputabilidad volvió a ponerse arriba de la mesa de debate en la última semana a partir de declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien dijo que no le preocupa “el piso” y que en ese sentido es “más duro que lo que plantea (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich”.
“No tenemos que tener una edad determinada, yo no tengo piso. Soy más duro que lo que plantea Bullrich. No hablo ni de 12, ni de 11, ni de 14 años. El que pertenece a una organización criminal y comete un delito contra la vida, se lo tiene que juzgar como si fuera mayor, tenga la edad que tenga”, sostuvo el mandatario radical, que enfrenta en su provincia una situación alarmante de inseguridad, y una ola de asesinatos con sello narco.
Por otra parte, el ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona se encuentra trabajando en un proyecto de ley para reformar el Régimen Penal de Minoridad, que entre otros puntos incluye bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
