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La iniciativa surge ante la preocupación por el creciente aumento de los delitos sexuales en el país, señalando la gravedad de estas ofensas y el impacto devastador en las víctimas y sus familias. De acuerdo con el Observatorio de Femicidios de la Corte Suprema, en 2022 se registraron más de 1.200 denuncias de delitos sexuales en Argentina. Además, el Ministerio de Seguridad informó que un alto porcentaje de estos delitos permanece impune, con escasas resoluciones judiciales. En La Pampa, según datos de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, en 2023 se reportaron 122 denuncias de abuso sexual, destacando marzo como el mes con más casos.
Los legisladores subrayaron que las víctimas de estos delitos enfrentan traumas físicos y psicológicos que pueden perdurar toda la vida. Por ello, resulta fundamental contar con un marco legal que brinde una respuesta proporcional a la gravedad de estos actos, ofreciendo justicia y reparación. En este sentido, elevar las penas es una herramienta clave para combatir estos delitos, en conjunto con campañas de sensibilización y educación que fomenten el respeto a la integridad sexual y los derechos humanos.
A nivel internacional, numerosos países revisaron y endurecieron las penas por delitos contra la integridad sexual, en consonancia con los estándares de protección de derechos humanos. Argentina, como signataria de tratados internacionales sobre derechos de la mujer y protección infantil, tiene el deber de garantizar que su legislación sea coherente con estos compromisos. En La Pampa, el 7% de los legajos judiciales en 2023 estuvieron relacionados con abusos sexuales, evidenciando la necesidad de un sistema judicial más eficiente para atender estos casos.
Este proyecto de resolución busca promover un cambio significativo en la legislación, reconociendo el sufrimiento infligido por estos delitos y reforzando la necesidad de prevenir y erradicar la violencia sexual mediante medidas efectivas y concretas.
