En una resolución emitida por mayoría, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa revocó un fallo de primera instancia condenatorio contra la Municipalidad de Guatraché, y concluyó que un siniestro vial ocurrió porque el motociclista conducía “en estado de embriaguez, sin casco y por encima de los límites de velocidad”; y no por falta de buena señalización de un tambor de 200 litros que estaba colocado en la entrada y salida a la laguna de esa localidad.
Judiciales01 de noviembre de 2024
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En primera instancia, el municipio había sido condenado por los daños sufridos por el conductor, por ser propietario de la laguna de Guatraché y, por ende, guardián del tránsito, de la circulación y por haber introducido “un factor de riesgo que obstaculizó el tránsito normal”.
Por lo tanto, el juzgado con asiento en General Acha había dispuesto que, conjuntamente con la compañía aseguradora Federación Patronal, se indemnizara al motociclista por los rubros incapacidad sobreviniente, daño moral y psicológico y gastos médicos, paramédicos y farmacéuticos.
Sin embargo, la Cámara revocó esa condena en todas sus partes y rechazó la demanda del conductor por daños y perjuicios. El fundamento medular del pronunciamiento de la mayoría de los jueces intervinientes, fue que la culpa del siniestro fue propio motociclista y de su manejo negligente.
En tal sentido, los magistrados remarcaron que quedó probado el “estado de embriaguez en el que se conducía el demandante en su moto, sin casco (nada menos que con 2.37 g/l de alcohol en sangre y evidentemente por encima de límites de velocidad precaucional)”; y que ello era lo que debía “ponderarse en este caso puntual y concreto en su correcta dimensión (…) dado que se demanda al municipio, precisamente desde el sitial de la más absoluta antijuridicidad en virtud de una ineludible prohibición legal”.
Más adelante, se remarcó que fue evidente que el motociclista “actuó en forma conductiva audaz, riesgosa, irreflexiva e imprudente, teniendo prohibición de hacerlo al encontrarse en estado de embriaguez, sin medir las consecuencias antijurídicas que podrían derivarse de su accionar”.
En el voto dirimente, para conformar la decisión mayoritaria, se señaló que en la causa penal donde se investigó el hecho, la fiscalía archivó el expediente por considerar que las “lesiones graves en accidente de tránsito” se produjeron como consecuencia de la “propia imprudencia de la víctima”.
Por último, se acotó que “la producción del siniestro vial (no accidente) se debió única y exclusivamente al propio actuar imprudente del motociclista”; lo que impidió que “frente a ese escenario probatoriamente acreditado, asignarle a la municipalidad la actuación o incumplimiento de deber alguno del que pudiera extraerse alguna participación o incidencia causal en el hecho ni en el resultado dañoso”.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa dictó una sentencia histórica al resolver, por primera vez de manera unipersonal, un recurso directo interpuesto por las empresas Ford Argentina S.C.A. y Plan Óvalo S.A para Fines Determinados, que habían sido multadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor.
En un fallo que marca un precedente en la jurisprudencia civil, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa resolvió a favor de una mujer que, tras haber solicitado sumar el apellido de su padre biológico, ahora pedía revertir esa decisión. En un caso inédito, los jueces María Anahí Brarda y Guillermo Samuel Salas decidieron actuar de manera excepcional para dar marcha atrás con el pedido de la demandante, que había solicitado incorporar el apellido de su padre biológico a su nombre, pero luego se arrepintió
La Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, en colaboración con jurados populares, dictó este miércoles una sentencia de máxima pena contra Rodrigo Espíndola, camionero y único acusado por el asesinato de Sofía Bravo, una joven de 26 años. El caso fue calificado como transfemicidio, convirtiéndose en la segunda condena en la provincia de Córdoba bajo esta figura penal desde su incorporación al Código Penal en 2012.
El juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín (foto), condenó hoy a un hombre de 39 años a tres años de prisión en suspenso, por ser autor del delito de abuso sexual simple por tocamientos, contra una niña menor de 13 años; en el marco de las leyes nacionales 26485 de Protección Integral contras las Mujeres y 26061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La víctima fue su cuñada.
En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Brinkmann, Córdoba, el asesinato de Aralí Vivas, una niña de ocho años, revela un entorno de violencia y abandono familiar. El fiscal de instrucción, Oscar Gieco, brindó detalles estremecedores a la radio local Cadena 3 sobre la investigación, que apunta a que la menor habría sido golpeada y abandonada antes de que el incendio se usara como posible táctica para encubrir otro crimen.
La motociclista sufrió la fractura de tibia y peroné. Además, le quedaron secuelas por el choque. La imputada también quedó inhabilitada para conducir y deberá cumplir reglas de conducta.
El gobernador Sergio Ziliotto firmó el decreto para el llamado a licitación de una obra estratégica que conectará a la localidad pampeana de Rancul con la cordobesa de Villa Huidobro, potenciando los recursos productivos y las comunicaciones entre ambas provincias.
Un desperfecto mecánico provocó un incendio que consumió casi por completo el vehículo de un alambrador de Speluzzi. Bomberos lograron extinguir las llamas y no hubo personas heridas.
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Las municipalidades enfrentan un desafío financiero para definir si podrán pagar el bono de 300 mil pesos otorgado por la Provincia a empleados estatales. Mientras tanto, intendentes ya solicitan reuniones con el Gobierno provincial.
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