La nueva reglamentación comienza a regir este viernes en la administración pública centralizada, mientras que el 1 de diciembre se aplicará a la descentralizada.
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El Gobierno inició hoy el proceso para avanzar en la implementación del ´silencio positivo´ en "más de 500 trámites" de la administración pública nacional, y adelantó que será un "cambio de cosmovisión grande" que se realizará de "forma gradual" en todas las áreas del Estado.
"El silencio negativo fue cuestionado en el mundo y se busca ir en otra dirección, pero de forma gradual", precisaron fuentes oficiales a los medios acreditados en Casa Rosada, entre ellos, la agencia Noticias Argentinas.
En esa línea, manifestaron que la intención del Ejecutivo no es generar un "shock" que "bloquee la administración pública", y detallaron que todo lo que "no es una autorización administrativa regalada" va a seguir bajo el régimen que rige actualmente.
Esta reglamentación había sido aprobada durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso y modificó la norma que rige los procedimientos administrativos en el Estado, tanto en su faceta centralizada como descentralizada.
¿De qué se trata? Es un paso clave hacia la modernización administrativa que marca "un hito histórico", y que establece que la falta de respuesta del Estado luego del plazo establecido en ciertos trámites administrativos, permitirá que se los considere como de aprobación tácita.
La normativa, que plantea facilitar los trámites en el sector público, fue elaborada de forma conjunta por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy.
De acuerdo a la información difundida este viernes por Presidencia, la medida "se aplicará a más de 500 trámites administrativos a nivel nacional" e incluirá "desde la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos".
"Con esta reforma, se busca simplificar la relación entre ciudadanos y el Estado, eliminando trabas burocráticas, agilizando los tiempos de resolución en gestiones regladas y fomentando la inversión, al brindar certidumbre jurídica", explicaron con relación a la nueva medida.
La norma entró en vigencia a través del decreto 971/2024 y abarca únicamente a autorizaciones administrativas regladas, aunque establece excepciones en la aplicación del silencio positivo "en materia de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público", indicó el Ejecutivo a través del Boletín Oficial.
"Cuando el silencio era sólo negativo, la administración pública dormía en los laureles. Ahora, con el positivo, van a tener que resolver", subrayaron fuentes gubernamentales a esta agencia, y detallaron que los trámites tienen que estar "bien presentados" para que se aplique la nueva normativa.
En la administración pública centralizada, la nueva reglamentación comienza a estar vigente a partir de este viernes, mientras que el 1 de diciembre se aplicará a la descentralizada.
El Poder Ejecutivo pondrá a disposición cursos en la materia para abogados que quieran instruirse sobre su aplicación. (NA)
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