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La exvicepresidente fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por su participación en el direccionamiento de licitaciones viales durante su gestión. En total, se investigaron 51 adjudicaciones de obras a empresas vinculadas con el empresario Lázaro Báez, que no fueron completadas, generando un perjuicio de 80.000 millones de pesos.
A través de su abogado, Carlos Beraldi, Cristina Kirchner intentó impugnar la actuación del camarista Gustavo Hornos, quien había sido denunciado por su ex pareja en una causa de violencia de género, así como otros planteos relacionados con expresiones públicas del presidente Javier Milei. Sin embargo, la Casación desestimó estos recursos y fijó para el 13 de noviembre la audiencia para la lectura de la sentencia.
La condena a la exmandataria fue emitida el 6 de diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal 2 la halló responsable de los delitos de administración fraudulenta y direccionamiento de obras públicas, y se sumó al análisis de la posible configuración de una asociación ilícita. El Ministerio Público Fiscal pidió que la sentencia sea revisada para agravar la pena, de seis a doce años de prisión.
La decisión de la Casación será crucial, no solo para la exvicepresidenta, sino también para el futuro del caso Vialidad, que involucra a varios acusados, entre ellos Lázaro Báez.
