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El Gobierno provincial aún no ha tomado una decisión sobre el pedido de auxilio de las intendencias para garantizar el pago del bono de fin de año a los trabajadores municipales. Si bien un grupo de intendentes del radicalismo ya solicitó una audiencia con las autoridades provinciales, la problemática también afecta a los municipios liderados por el peronismo, que realizan cálculos para afrontar este compromiso.
El Ejecutivo provincial anunció esta semana un bono de 300 mil pesos para empleados y jubilados estatales. Aunque adherir a esta pauta salarial no es obligatorio para las municipalidades, la medida genera una presión extra: deben decidir si abonan el bono y, en caso de hacerlo, establecer el monto y la modalidad de pago.
A esta situación se suma el incremento en la carga salarial tras la última suba del salario mínimo a 800 mil pesos, también dispuesta por la Provincia. Este fin de año, además de los sueldos, las 80 intendencias y comisiones de fomento deberán afrontar el pago del medio aguinaldo, lo que agrava las tensiones financieras.
El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, reconoció que aún no han definido cómo manejarán el pago del bono. Una de las alternativas sería desdoblarlo, como se hizo en 2022.
Por su parte, en Realicó, la gestión de Facundo Sola también optó el año pasado por fraccionar el pago del bono provincial, que entonces era de 120 mil pesos. Recientemente, la caída en el índice de coparticipación ha complicado las finanzas municipales, que ya venían golpeadas, impidiendo proyectar mejoras a nivel infraestructura de gran envergadura y en el parque automotor, la principal demanda de los vecinos.
Mientras tanto, los intendentes radicales han solicitado una reunión con el ministro Pascual Fernández para buscar soluciones. Una de las opciones planteadas sería que el Gobierno provincial adelante una parte de la coparticipación, pero hasta ahora no hay definiciones concretas.
