Un trabajador de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad en Santa Rosa fue detenido tras descubrirse que robó dinero de dos expedientes que debían ser entregados a sus legítimos dueños. Parte del botín fue hallado en su domicilio durante un allanamiento. Ahora enfrenta una causa por hurto, defraudación y delitos contra la administración pública.
Policiales29/12/2024
INFOtec 4.0
SANTA ROSA | Un escándalo sacudió a la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad en Santa Rosa tras la detención de Leonardo Alexis Isequilla, empleado judicial de larga data, acusado de sustraer dinero de dos expedientes. El fiscal general Máximo Paulucci, encargado de la causa, confirmó que los paquetes sustraídos contenían dinero que debía devolverse a los propietarios.
El caso se destapó cuando uno de los damnificados acudió a retirar el dinero y se constató el faltante. Esto llevó al Ministerio Público Fiscal a iniciar una investigación de oficio. Las primeras pesquisas apuntaron a Isequilla, quien habría engañado al personal simulando que los paquetes habían sido solicitados por los fiscales.
Durante el allanamiento en su domicilio, ubicado en avenida Circunvalación Sur al 400, se encontraron los paquetes rotulados con números de legajo, aunque no todo el dinero fue recuperado. Según se informó, uno de los expedientes contenía 800 dólares y pesos chilenos, otro 1.100 dólares, y el tercero aproximadamente 1.100.000 pesos argentinos.
Grabaciones y pruebas incriminatorias
Las cámaras de seguridad y el análisis del libro de actas de la Mesa de Entrada revelaron que Isequilla retiró los paquetes sin autorización. “Consignó que era para entregarlo a estas personas, lo que no sucedió y no se le había dado esa orden”, afirmó el fiscal Paulucci.
Tras las pruebas recolectadas, el juez Carlos Chapalcaz ordenó su detención y 60 días de prisión preventiva. Además, se habilitó la apertura de su teléfono celular para profundizar la investigación.
Posibles condenas y consecuencias laborales
La Fiscalía planteó que las acciones del imputado podrían encuadrarse en hurto, defraudación especial por la manipulación de expedientes penales y delitos contra la administración pública. Las penas oscilan entre un mes y seis años de prisión, dependiendo del desarrollo del proceso penal, que podría resolverse mediante juicio abreviado o juicio oral.
En paralelo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) evaluará las sanciones laborales correspondientes, que podrían incluir la exoneración del cargo.
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