Rechazo al Decreto de eliminación del fondo de servicio universal

Autoridades de La Pampa expresaron su enérgico rechazo a la eliminación del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, decretada por el Gobierno nacional. Advierten sobre el impacto en la conectividad y la desigualdad en las regiones más alejadas del país.

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LA PAMPA | El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, y el presidente de EMPATEL SAPEM, Andrés Zulueta, criticaron la decisión del Gobierno nacional de disolver el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (Decreto 6/2025). En un comunicado conjunto, señalaron que esta medida pone en riesgo la conectividad de más de 2.000 localidades sin acceso a telefonía móvil y afecta programas como la entrega de tablets a adultos mayores.

“El fondo permitía llevar internet y señal de celular a regiones donde las grandes empresas no invierten. Su eliminación profundiza la desigualdad y roba la esperanza de una Argentina más conectada”, expresó Curciarello. El comunicado también destacó que, con los más de 250 mil millones de pesos del fondo, se podrían conectar miles de localidades pequeñas.

Asimismo, cuestionaron las facultades extraordinarias otorgadas al presidente y señalaron la responsabilidad de legisladores locales de Juntos por el Cambio en la aprobación de la Ley Bases, que habilitó esta decisión. Desde sectores provinciales, recalcaron que el fondo era clave para iniciativas como la conexión de Cuchillo Có y Carro Quemado, donde se garantizó acceso a internet en localidades históricamente desatendidas.

“El desarrollo federal y armónico de Argentina no se logrará con menos Estado, sino con un Estado eficiente que garantice derechos a todas las regiones”, concluyó el comunicado.

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El Gobierno de La Pampa, a través de Erica Riboyra, presidenta del IPAV, rechazó la decisión del presidente Javier Milei de eliminar el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Señalaron que la medida representa un retroceso que golpea directamente a las familias más vulnerables, afectando la construcción de viviendas y la estabilidad social en la provincia. Exigen que se revierta la medida o se implementen políticas alternativas.

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