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En un encuentro realizado en la Municipalidad de Realicó, Gimena Funes, subdirectora general Penal Juvenil de Formación y Promoción Institucional de la Dirección de Niñez de La Pampa, y Federico Camiletti, coordinador del INAUM de la misma subdirección, expusieron sobre la implementación del procedimiento penal juvenil en la provincia y las estrategias para abordar problemáticas relacionadas con adolescentes en conflicto con la ley.
Locales28 de enero de 2025REALICÓ | En diálogo con Infotec 4.0, los entrevistados sostuvieron que la ley provincial 3353, que regula el procedimiento penal juvenil en La Pampa, establece un marco normativo que busca ordenar las metodologías de trabajo frente a adolescentes que han cometido delitos. Gimena Funes explicó: "Nuestro rol consiste en acompañar técnicamente a los equipos locales en la implementación de esta normativa. Este procedimiento no solo contempla la aplicación de medidas legales, sino que apunta a la responsabilización del adolescente, trabajando desde una perspectiva inclusiva y preventiva".
Federico Camiletti destacó la importancia de abordar la problemática juvenil desde un enfoque comunitario: "Es fundamental que como sociedad nos planteemos cómo ofrecer alternativas a los adolescentes. Hay que pensar en propuestas que no solo prevengan delitos, sino que promuevan entornos saludables y oportunidades de desarrollo para los jóvenes".
Prevención, corresponsabilidad y medidas concretas
Ambos funcionarios enfatizaron que el trabajo preventivo y la intervención temprana son esenciales. "Cuando un adolescente llega al sistema penal, es porque como Estado hemos fallado en etapas previas. Por eso, debemos fortalecer el trabajo de prevención desde las instituciones sociales, familiares y comunitarias", señaló Funes.
La policía puede intervenir para contener al menor en situaciones de crisis
Sobre cómo actuar en situaciones críticas, como hechos recientes donde menores protagonizaron agresiones con armas blancas, Funes aclaró: "La normativa es clara sobre cómo proceder. La policía puede intervenir para contener al menor en situaciones de crisis, pero es necesario un abordaje integral que involucre a Salud Mental, Desarrollo Social y otros organismos".
Además, Camiletti explicó que la ley 3353 no se enfoca en el castigo punitivo, sino en la reinserción social del adolescente. "Buscamos que los menores reconozcan la gravedad de sus acciones, asuman la responsabilidad y trabajen en su desarrollo personal. Esto puede implicar medidas como la escolarización, capacitaciones o tratamientos psicológicos, dependiendo de cada caso".
El rol de la comunidad y la familia
Ambos referentes remarcaron que la corresponsabilidad es clave. "El Estado, las familias y la comunidad tienen que trabajar juntos para ofrecer soluciones. Es importante que las familias acudan a las instituciones locales, como escuelas, centros de salud y equipos de desarrollo social, cuando sienten que necesitan apoyo", puntualizó Funes.
Finalmente, llamaron a la comunidad a participar activamente en la construcción de espacios saludables para los jóvenes y a buscar ayuda de manera temprana cuando surjan problemas. "Acompañar a los adolescentes no solo es responsabilidad del Estado; es una tarea que nos involucra a todos", concluyó Camiletti.
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