El Gobierno Nacional avanza en la privatización de casi 6.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país, incluyendo el tramo de la Ruta Nacional 5 que conecta la ciudad de Santa Rosa con la localidad bonaerense de Luján. La medida incluye la participación de capitales privados en la empresa estatal Corredores Viales, responsable de la gestión de varias rutas y autopistas nacionales.
Nacionales14 de febrero de 2025
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Este viernes, el Gobierno confirmó que habilitará la participación de inversores privados en Corredores Viales, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y superar los problemas de mantenimiento y gestión que enfrenta la empresa. De acuerdo con el Ejecutivo, el 45% de la traza de Corredores Viales estaba en un estado crítico, los contratos de obra estaban suspendidos y el atraso tarifario alcanzaba el 45% respecto a la tarifa técnica.
La empresa pública, que actualmente gestiona sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, así como las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, ahora permitirá que los inversores privados tomen el control de la operación, a cambio de realizar las obras necesarias y obtener los ingresos por peajes.
Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó que este modelo busca promover el desarrollo de infraestructura a través de la participación del sector privado. "El sector privado se hará cargo de las obras y gestiones necesarias, asumiendo los riesgos y, a cambio, cobrará peaje a los usuarios", dijo Adorni, quien también remarcó que "se terminó la patria contratista, donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos".
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de gestionar la privatización, lo que incluye la disolución de Corredores Viales una vez que se formalicen los nuevos contratos de concesión. El Gobierno espera que el sector privado pueda optimizar los procesos de subcontratación de obras sin las restricciones de la ley de obra pública.
En cuanto a la situación económica de la empresa, Adorni indicó que, en 2023, Corredores Viales registró un resultado negativo con una deuda de 142.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas de 268.000 millones de pesos. Según el Gobierno, estos resultados fueron financiados con 301.000 millones de pesos de los contribuyentes.
El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, fue categórico este martes al reclamar que los senadores nacionales que representan a la provincia acompañen con su voto el proyecto de ley impulsado por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, que busca coparticipar los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.
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