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La Cámara Federal de Corrientes ratificó este miércoles el procesamiento de los 10 acusados de entorpecer la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña en esa provincia, quienes se presentaban como integrantes de la Fundación Dupuy, sin estar vinculados oficialmente a la organización ni contar con las habilitaciones profesionales que afirmaban tener.
Se trata de Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Leonardo Daniel Rubio, Verónica Paola Machuca Yuni, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Nicolás Gabriel Soria y Esteban Federico Rossi Colombo, quienes enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, estafa calificada en perjuicio de la administración pública y usurpación de títulos, entre otras figuras penales.
Sus abogados habían apelado el procesamiento dictado por la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo, en octubre pasado. Sin embargo, ahora recibieron un nuevo revés de parte de los camaristas Luis González, Selva Spessot y Mirtha Sotelo de Andreau, quienes rechazaron la mayoría de los planteos de las defensas.
Según la investigación, los involucrados habrían llevado adelante diversas maniobras en un intento de encubrir los hechos relacionados con la desaparición del menor. De acuerdo con los informes judiciales, el grupo habría trasladado a Camila Núñez, Macarena Peña y varios menores de edad a un hotel denominado “Despertar del Iberá” en condiciones irregulares, donde habrían restringido su libertad y manipulado sus declaraciones con el objetivo de entorpecer la investigación judicial. Estas acciones se habrían desarrollado durante diez días, alegando un supuesto programa de contención que no contaba con autorización oficial.
En el marco de la investigación, declaraciones testimoniales y documentación obtenida durante los procedimientos permitieron señalar que los imputados aparentaban ser profesionales especializados en tratamiento psicológico y contención de menores. Sin embargo, la Justicia comprobó que algunos carecían de títulos habilitantes.
El móvil habría sido económico: el grupo habría utilizado la fachada de la “Fundación Dupuy” para obtener pagos del municipio de 9 de Julio, los cuales ascendieron a $1.800.000. El dinero supuestamente era destinado a honorarios y servicios especializados inexistentes o prestados por personas sin titulación oficial.
Tras analizar todas las pruebas, la Cámara avaló lo resuelto por la jueza Pozzer Penzo, aunque introdujo modificaciones favorables para las defensas de Rubio y Taborda, al considerar que no se encontraban en la localidad donde ocurrieron los hechos vinculados con la privación ilegítima de la libertad de los menores cuyas declaraciones habrían sido manipuladas.
El tribunal también redujo el grado de responsabilidad penal de Rubio y Noguera, quienes dejaron de estar imputados como coautores y pasaron a figurar como partícipes secundarios en algunos de los delitos investigados.
En cuanto al resto de los acusados, y salvo que surjan nuevos elementos que modifiquen la situación procesal, permanecen imputados por privación ilegítima de la libertad en perjuicio de menores de edad, excepto Rubio y Taborda; fraude a la administración pública bajo la modalidad de estafa calificada, y encubrimiento, todos en concurso real.
Soria continúa siendo el imputado con la situación más comprometida. A diferencia del resto, cuya prisión preventiva fue revocada tras las apelaciones presentadas ante la Cámara, él permanece detenido y enfrenta además cargos por suministro gratuito de estupefacientes, atentado a la autoridad y usurpación de títulos, ya que se presentó como integrante de Interpol sin pertenecer a ese organismo.
Cañete, Núñez, Machuca Yuni y López también deberán responder por el delito de usurpación de título. En tanto, a Rossi Colombo le endilgaron falso testimonio, usurpación de título y violación de secretos.
“Aunque cada uno de los imputados realizó diferentes actos de manera individual (traslado de las personas al hotel Despertar del Iberá, manipulación de los testimonios, control de las entrevistas, reconstrucción del hecho, entre otros), todos, en conjunto, contribuyeron a desviar la investigación, obstaculizando la posibilidad de que la justicia identificara adecuadamente a los responsables de la desaparición del menor. En tal sentido, se advierte nuevamente que, pese a que no todos llevaron a cabo la totalidad de estos comportamientos, contribuyeron de forma esencial, a partir de la realización de su aporte correspondiente, a la comisión del delito”, consideraron los camaristas.
Por último, si bien la mayoría de los imputados recuperó la libertad, la Cámara decidió mantener vigente el embargo de un millón de pesos sobre los bienes personales de cada uno de ellos, en función de la gravedad de los hechos imputados.
