Ardohain cuestionó la exclusión de La Pampa de la Mesa de Diálogo por la barrera sanitaria

LA PAMPA | Ardohain destacó con énfasis que la eliminación de la barrera sanitaria, dispuesta por la Resolución 180/2024, fue celebrada por miles de pampeanos, patagónicos y argentinos. “El 18 de marzo, todos nos levantamos felices por una decisión que reconocía lo que venimos sosteniendo desde hace años: que esta barrera ya no tiene sustento sanitario. Es, en la práctica, un colador que favorece el contrabando, pone en riesgo a la sociedad y encarece injustificadamente el precio de la carne para los consumidores del sur del país”, manifestó.

Sin embargo, el diputado del PRO centró su preocupación en la Resolución 186/2025, que convoca a una Mesa de Diálogo con gobernadores de provincias patagónicas para revisar el levantamiento de la barrera, sin incluir a La Pampa. “Nuestra provincia, por ley nacional, pertenece a la región patagónica. Entonces, ¿por qué no fue invitada a participar de esa mesa? ¿Cuál es la razón de esa exclusión?”, interrogó directamente al jefe de Gabinete.

El reclamo de Ardohain se inscribe en una larga disputa sobre la validez técnica y política de la barrera sanitaria, que durante años limitó el ingreso de carne con hueso plano desde el norte del río Colorado hacia el sur, con el argumento de preservar zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación. La medida había sido fuertemente criticada por distintos sectores productivos y por autoridades pampeanas, quienes la consideraban una restricción injustificada y perjudicial para el abastecimiento de alimentos.

La Resolución 180 marcó un punto de inflexión, al habilitar la libre circulación de carne con hueso plano entre regiones. Pero la convocatoria posterior a la Mesa de Diálogo sin incluir a La Pampa reavivó la polémica. “No se trata solo de un acto administrativo: es una decisión política que desconoce la pertenencia geográfica y productiva de nuestra provincia”, insistió Ardohain.

En su exposición, el diputado reiteró la necesidad de que La Pampa sea escuchada y tenida en cuenta en cada instancia que defina el futuro de una medida que impacta de manera directa sobre su economía y sobre los derechos de sus ciudadanos.