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LA PAMPA | El pedido se fundamenta en que ya venció el plazo legal de 120 días establecido por el artículo 64 de la norma para que el Ejecutivo dictara su reglamentación. Dado que ese período expiró sin que se cumpla con la obligación, los legisladores reclaman que el Ejecutivo no avance con un decreto reglamentario fuera de término.
Según argumentaron en el proyecto, la ausencia de reglamentación impide que la ley pueda ser aplicada efectivamente, generando un vacío legal que afecta tanto la seguridad jurídica como el derecho al acceso a la información y a un ambiente sano para toda la ciudadanía pampeana.
Además, sostienen que, de avanzarse con una reglamentación extemporánea por vía del decreto, se incurriría en una falta al principio de división de poderes, ya que la Constitución Provincial —en su artículo 81, inciso 3— exige que cualquier modificación o revisión sustancial de una norma vigente sea comunicada y justificada ante la Cámara de Diputados.
El tema de una ley de fitosanitarios bien "pensada" y "acordada con todos los actores involucrados" es una gran deuda que la provincia de La Pampa se debe, teniendo en cuenta la base productiva pampeana de carácter agrícola-ganadera y que ya con las actuales restricciones, el perjuicio económico y de falta de control de plagas y alimañas en la periferia de las locaciones habitadas es muy importante, sin tener debida cuenta la opinión de profesionales del tema, ni las nuevas tecnologías que avanzan a pasos agigantados en pos de un cuidado del medio ambiente y la salud humana sin por ello perjudicar a sectores productivos.
