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LA PAMPA | Dicha normativa habilita al Ministerio de Salud a establecer un sistema permanente de monitoreo y análisis del consumo de sustancias psicoactivas, en articulación con organismos públicos, universidades, organizaciones sociales, iglesias, colegios profesionales y representantes de los tres poderes del Estado.
Durante el debate, se recordó que la ley fue promovida originalmente por la exdiputada Patricia Testa y la actual presidenta de la Legislatura, Alicia Mayoral. “Necesitamos una herramienta efectiva, multidisciplinaria y transparente para diseñar políticas públicas basadas en datos reales”, señalaron desde el bloque radical.
También advirtieron que durante 2024 no se convocó a la Mesa ni se solicitó la designación de representantes legislativos, lo que constituye un incumplimiento legal. “Mientras tanto, el consumo problemático crece, silencioso y devastador. Lo vemos en los barrios, en las escuelas, en las familias. Y muchas de ellas siguen sin encontrar respuestas”, lamentaron.
Uno de los momentos destacados de la sesión fue la mención a un fallo de la Cámara Civil de Santa Rosa en 2021, que responsabilizó al Estado por no cumplir con la Ley Nacional de Salud Mental. “El mensaje del Poder Judicial fue claro: las leyes deben cumplirse, no basta con sancionarlas”, remarcaron.
La resolución busca poner en marcha el funcionamiento pleno del Observatorio, con el fin de fortalecer la prevención, mejorar la atención y garantizar acceso a información actualizada sobre consumos problemáticos. Se recordó además que el último informe disponible en el sitio del Ministerio de Salud data de 2022.
Desde la UCR enfatizaron: “La salud y la calidad de vida deben ser prioridad. Lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede abordar. Se trata de vidas. Y no hay política más urgente que la que salva una”.
