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VICTORICA | Los trabajadores fueron inicialmente denunciados penalmente por las autoridades de la cooperativa, que los acusaron de entorpecer deliberadamente el funcionamiento del sistema de agua potable. El conflicto tomó estado público el 17 de febrero del año pasado, cuando en una conferencia de prensa, el presidente de CeVic, Jorge Díaz, anunció la presentación de una denuncia penal contra ambos trabajadores.
Durante esa rueda de prensa, Díaz aseguró que se había detectado “falta de atención al servicio por parte de los responsables del área”, lo que derivó en su suspensión interna por diez días y el inicio de acciones judiciales. El dirigente calificó los hechos como un "claro boicot", al que atribuyó posibles "motivaciones políticas". A modo de ejemplo, mencionó que una bomba de agua había sido reportada como fuera de servicio por un supuesto rayo, pese a que, según sus dichos, no se habían registrado tormentas eléctricas en las semanas previas.
En aquel momento, los acusados irrumpieron en el despacho de la cooperativa mientras se realizaba la conferencia, visiblemente molestos por las acusaciones. Uno de ellos se dirigió al presidente tildándolo de "payaso", y negó rotundamente cualquier acto de sabotaje. “¿Cómo nos van a acusar de boicot?”, expresó ante la prensa.
La causa penal fue tramitada en la sede judicial de Victorica, perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial. En su fallo N° 50/2023, el juez de Control, Carlos Roberto Espínola, resolvió absolver de culpa a los empleados, al considerar que no existían elementos suficientes para probar la existencia del delito que se les imputaba: “entorpecimiento del normal funcionamiento del servicio público de agua en carácter de coautores”.
Posteriormente, la parte querellante –la CeVic– interpuso un recurso ante el Tribunal de Impugnación Penal (TIP), el cual fue desestimado en diciembre de 2023. En su resolución, el TIP confirmó el fallo absolutorio del Juez de Control y rechazó el recurso presentado por los asesores legales de la cooperativa.
Ahora, con la causa penal cerrada y los trabajadores absueltos en todas las instancias judiciales, Barboza y Monzón decidieron iniciar un juicio civil por daños y perjuicios contra CeVic y su presidente. La demanda apunta a resarcir los perjuicios derivados de la exposición pública, el deterioro de su imagen y el impacto que la acusación penal tuvo en su vida laboral y personal.
