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Mediante el decreto 383/2025, el Gobierno nacional amplió por decreto las facultades de la Policía Federal Argentina. La nueva normativa permite realizar ciberpatrullajes en redes sociales, requisas personales y vehiculares sin orden judicial, y detenciones preventivas de hasta diez horas ante la sospecha de que una persona pudiera cometer un delito.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Patricia Bullrich, también autoriza a los agentes a intervenir de manera “espontánea” ante delitos flagrantes y a actuar proactivamente mediante tareas de inteligencia criminal. Además, introduce cambios en el escalafón policial y en el sistema de ingreso, buscando formar agentes con perfil universitario similar al del FBI.
Organismos de derechos humanos, como Correpi, alertaron sobre el carácter autoritario de la reforma y su impacto en las libertades democráticas. Recordaron antecedentes de la gestión Bullrich en el gobierno de Macri, cuando se procesó a ciudadanos por publicaciones críticas en redes sociales.
La abogada María del Carmen Verdú advirtió que se trata de un “ciberpatrullaje recargado” que habilita la intervención policial sin control judicial en manifestaciones, redes sociales y espacios públicos digitales. También criticó que se haya omitido el debate legislativo en una reforma que, según denunció, pone en riesgo derechos y garantías fundamentales.
