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CHACO | La iniciativa, firmada por diputados peronistas y del Frente Chaqueño, establece que el monto del beneficio sería equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Además, deberán cumplirse otros requisitos como la ciudadanía argentina, domicilio real en Chaco y haber atravesado hechos comprobables de violencia estructural o institucional por razones de identidad de género.
Según el proyecto, la pensión se enmarca en un enfoque de derechos humanos y busca reconocer el daño histórico infligido por el Estado y la sociedad, generando condiciones para una mayor inclusión social, económica y cultural. “Apuntamos a una justicia reparadora con acciones concretas que visibilicen y reconozcan las trayectorias de vida atravesadas por la exclusión”, señalan los fundamentos de la propuesta.
Además del beneficio económico, el texto plantea la creación de un plan integral de políticas públicas en áreas clave como salud, educación, empleo, vivienda y campañas de concientización, junto con la implementación de mecanismos de monitoreo para garantizar la transparencia del programa.
Legisladores firmantes
La iniciativa fue impulsada por Juan Carlos Ayala, Teresa Cubells, Andrea Charole, Rodrigo Ocampo, Nicolás Slimel, Rodolfo Schwartz y Mariela Quirós, entre otros diputados de bloques opositores. Si bien aún no se definió una fecha para el debate en el recinto, la presentación ya generó polémica y cruces políticos con el oficialismo provincial, que considera la propuesta inoportuna en un contexto económico complejo.
Desde sectores conservadores y oficialistas expresaron objeciones por el impacto fiscal y por lo que consideran una “discriminación positiva desproporcionada”, mientras que organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBT+ celebraron el avance como “un paso necesario para reparar décadas de abandono y violencia”.
