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La decisión está contenida en la Sentencia Nº 2702 del organismo de control, publicada en el Boletín Oficial. Allí se formula un cargo económico de $600.000 tanto contra Martínez como contra la tesorera, Cecilia Figueroa, por haber autorizado el pago de la defensa. Además, se les aplica una multa adicional que supera los $354.000 por incumplimientos administrativos vinculados a documentación solicitada durante una evaluación contable previa.
El Tribunal remarcó que la responsabilidad penal es “personal e intransferible” y aclaró que una comisión de fomento no puede asumir gastos vinculados a un proceso judicial individual.
Los funcionarios tienen un plazo de diez días para cancelar los montos establecidos o presentar un recurso de revocatoria. En caso contrario, la resolución será elevada a la Fiscalía de Estado para continuar con el procedimiento correspondiente.
Antecedentes y causas sin resolución firme
La situación judicial de Martínez no es nueva. En febrero de 2025, el Tribunal de Impugnación Penal confirmó una condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que incluyó una multa de $5.000 y una inhabilitación de dos meses para ocupar cargos públicos.
A ello se suma una sentencia más gravosa: en diciembre de 2021 fue declarado autor de peculado y uso de documento privado falso en 140 hechos, recibiendo dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ninguna de esas condenas está firme.
Repercusiones institucionales
La nueva resolución del Tribunal de Cuentas profundiza las observaciones sobre el manejo administrativo de la comuna de Loventuel. Las irregularidades detectadas en distintos procesos, sumadas al uso de fondos públicos para una defensa penal personal, aumentan la presión política sobre Martínez, quien continúa al frente del organismo a pesar del cúmulo de sanciones y causas pendientes.
