Juicio contra el ex de Julieta Prandi: las claves de la denuncia por abuso contra Claudio Contardi

El proceso judicial que inició Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi, entra en su tramo final. Tras más de cinco años de presentada la denuncia, este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dará a conocer el veredicto que podría cambiar para siempre la vida de ambos.

La denuncia presentada por la actriz derivó en una causa por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. El fiscal pidió 20 años de prisión y la querella, 50. Contardi niega todos los cargos.

Según el relato de Prandi, los ataques sexuales comenzaron en 2015, poco después del nacimiento de su segundo hijo, Rocco. Asegura que fue sometida sexualmente, aislada de su entorno, humillada y despojada de sus recursos económicos. En su declaración judicial, afirmó: “Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. No fui violada una vez, sino infinidad de veces”. También pidió que se lo detenga y advirtió que, si algo le sucede, sabe quién será el responsable.

Contardi, por su parte, niega todos los cargos. Afirma que siempre existió consentimiento en la relación y que fue víctima de una campaña mediática. “Yo estaba enamorado, me casé enamorado y tuve dos hijos con ella, enamorado. Nunca abusé de ella sin su consentimiento. Durante todo este proceso, que lleva mucho desgaste, fuimos, con mi familia, amedrentados por Prandi a través de los medios de comunicación. Siempre me puse a derecho. Soy inocente”, sostuvo el acusado.

El fiscal Christian Fabio solicitó una pena de 20 años de prisión. En su alegato, valoró como agravantes la duración en el tiempo de los abusos y el daño psicofísico que, según afirmó, persiste en la actualidad e impacta también en los hijos de la pareja. Además, mencionó que Contardi se negó a realizar una pericia psicológica. “Abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de ella, ejerciendo amenazas, violencia física, tomándola del cabello, del cuello por atrás accediéndole carnalmente mientras ella se negaba. Ejerció violencia psicológica diciendo que era su mujer y que era su obligación mantener relaciones sexuales”, sostuvo el fiscal.

La querella, representada por el abogado Javier Baños, coincidió con los argumentos del Ministerio Público pero reclamó una pena ejemplar: 50 años de prisión. Justificó el pedido en la “magnitud del injusto, el daño lacerante producido y la perversidad brutal del imputado”.

Durante el juicio y en sus intervenciones públicas, Prandi brindó detalles sobre las agresiones físicas y sexuales que, según su testimonio, sufría mientras dormía. Relató frases humillantes, control absoluto sobre su vida, retención de documentación, congelamiento de su teléfono celular en un freezer, cambios constantes de número para incomunicarla y viajes laborales interrumpidos abruptamente. También denunció que sus hijos eran utilizados como herramienta de manipulación. En varias oportunidades, advirtió que teme por su seguridad y responsabilizó a Contardi por cualquier daño que pudiera sufrir.

Entre los profesionales que respaldaron el relato de Prandi se encuentran el psiquiatra Rafael Herrera Milano, su psicóloga Flavia Crupi y la perito psicóloga Bárbara Tomasicci. Todos coincidieron en que la denunciante sufrió violencia física, sexual, psicológica y patrimonial por parte de Contardi. Además, afirmaron que no existen indicios de mendacidad en su testimonio.

También declararon familiares, amigos íntimos y personas del entorno de Prandi. Describieron un cambio drástico en su personalidad durante la convivencia con Contardi y relataron que, al separarse, debió irse con lo puesto de su propia casa. Señalaron que no contaba ni siquiera con dinero para comprar alimentos o medicamentos cuando sus hijos se enfermaban. Mencionaron las condiciones deplorables en que le fue devuelta la vivienda en Escobar y la presencia constante de una mujer llamada Lorena, a quien definieron como una “carcelera” que no le permitía estar sola ni siquiera dentro de su hogar.

El único testigo presentado por la defensa fue Ángel Orlando Peloso, encargado de seguridad del barrio privado Septiembre, en Escobar, donde residía la pareja. Peloso declaró que conoce a ambos y que nunca advirtió situaciones inusuales durante los controles de acceso al predio. Relató que Prandi ingresaba y salía en remises, taxis o a pie, como cualquier otro residente.

El abogado defensor de Contardi, Claudio Nitzcamer, solicitó la nulidad del proceso, argumentando que su cliente no fue debidamente informado sobre las implicancias de un juicio por jurados. Según expuso, ahora desea ser juzgado bajo esa modalidad, aunque en su momento la rechazó cuando fue propuesta por la querella. Contardi se negó a realizar todas las pericias psicológicas. Su defensa sostuvo que los testigos cercanos a Prandi carecen de objetividad y sugirió que la denuncia fue presentada para impedir el contacto del acusado con sus hijos. En caso de condena, pidió que se aplique la pena mínima. “Todos los que lo llamaron monstruo [al acusado] nadie tuvo ningún contacto con él como para formar una opinión válida”, afirmó Nitzcamer.

A pedido de la querella, el tribunal dispuso la prohibición para Contardi de salir del país hasta la lectura del veredicto. También se extremaron las medidas de protección para Prandi y su familia, incluyendo custodia policial, prohibición de acercamiento y la solicitud de un botón antipánico al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, el tribunal desestimó el pedido de detención preventiva, al considerar que no existe riesgo concreto de fuga, de incomparecencia o de obstaculización del desarrollo de las audiencias.

La lectura del fallo está prevista para este miércoles a las 11. Será el cierre de un proceso judicial que, según palabras de Prandi, representó un “calvario” de cinco años. El tribunal deberá definir si Claudio Contardi es culpable de los delitos que se le imputan y, en caso afirmativo, qué pena le corresponde. (La Nación)