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El ex ministro de Salud de Córdoba Diego Cardoso, médicos y policías declararon en el juicio por jurados populares contra los dos funcionarios que negaron el ingreso del papá de Solange Musse a la provincia de Córdoba durante la pandemia de coronavirus, mientras que el lunes se llevarían a cabo los alegatos.
Según informó el abogado Carlos Nayi, en la audiencia prestaron testimonio Cardoso; el médico Sergio José Ali; el ex director del Centro de Emergencias (COE) Regional Carlos Pepe; el ex director del Hospital de Niños de Córdoba Juan Ledesma (condenado por abuso sexual); el ex secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria Claudio Severino Vignetta y el ex miembro del organismo Ciceri.
El ex titular de la cartera sanitaria fue absuelto en el caso por las muertes de cinco bebés y las tentativas de homicidio de otros ocho recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo.
Se espera también que el letrado solicite la ampliación de las acusaciones contra el facultativo Eduardo Andrada y la asistente social Analía Morales, quienes se encuentran imputados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Pediré que Andrada sea juzgado en carácter de coautor de abuso de autoridad y autor mediato de privación ilegal de la libertad por abuso funcional y vejaciones”, señaló Nayi, mientras que en el caso de Morales pedirá que se la investigue en calidad “coautora de abuso de autoridad y autora mediata del delito de privación ilegal de la libertad calificada y vejaciones en concurso real”.
Además, este jueves prestarán testimonio otros oficiales y se espera que el lunes se realice la lectura de los alegatos, señaló el padre de la víctima.
De acuerdo a la acusación, los sindicados negaron el ingreso del denunciante Pablo Musse a la provincia para visitar a su hija, quien en aquel momento residía en la ciudad de Alta Gracia y atravesaba una internación domiciliaria, asistida con oxígeno, bajo cuidados médicos, porque tenía un diagnóstico de cáncer de mama avanzado, en fase IV.
El fiscal Julio Rivero señala que esta situación imposibilitó que el hombre pudiera ver a Solange con vida por última vez, quien murió el 21 de agosto de 2020 a los 35 años.
Para las autoridades a cargo de la investigación, los imputados desatendieron la directriz que ordena que, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.
