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Desde el oficialismo, la presidente del cuerpo, Magalí Vallejos (FreJuPa), sostuvo que la medida “beneficia tanto al Estado como al empleado municipal”, ya que evita retrasos en los pagos, intereses por mora o penalidades. Además, subrayó que “quien accede a una vivienda social tiene la obligación de pagar las cuotas como un compromiso de solidaridad y responsabilidad, para que otros vecinos también puedan acceder a un techo digno”.
En la misma línea, Celina Rivas (Juntos por el Cambio) aclaró que la adhesión no es una opción, sino que la ley ya está vigente en toda la provincia: “Con o sin ordenanza, la norma se aplica. Este Concejo no autoriza nada, simplemente acompaña lo que ya es obligatorio. La responsabilidad sigue siendo del Ejecutivo, que debe instrumentar el sistema con claridad y transparencia”.
En soledad, el concejal Manuel Pérez (La Libertad Avanza) rechazó la adhesión, calificando la ley como “nefasta” y denunciando que se trata de una “retención coactiva” sobre los sueldos de los trabajadores municipales. Según su visión, “el Estado no puede disponer de los salarios de manera compulsiva”, y planteó que los descuentos deberían ser voluntarios. “Esto representa un grave perjuicio a los trabajadores, que ya cobran sueldos bajos y ahora se ven atados a un sistema que les quita libertad”, argumentó.
Posteriormente, el concejal Javier García (FreJuPa) recordó que la ley rige desde 1994 y cuestionó la postura de Pérez: “No adherirse a un mecanismo que garantiza la sostenibilidad financiera del sistema de viviendas es lo verdaderamente vergonzoso. Ningún trabajador ha protestado en 31 años por el cobro de las cuotas, porque es la única manera que tienen de acceder a una casa propia”.
También Julio Díaz (FreJuPa) se refirió a la dimensión solidaria del sistema: “Llamar nefasto a este proyecto es inapropiado. La solidaridad comunitaria es fundamental en este tema. La mayoría de las viviendas sociales en La Pampa se construyeron con gobiernos peronistas que hicieron posible el acceso a un techo digno para miles de familias, mientras las fuerzas del mercado siempre excluyeron a quienes menos tienen”.
Finalmente, la ordenanza fue aprobada por siete votos a favor y uno en contra, dejando en evidencia la postura aislada del concejal libertario frente a un consenso mayoritario entre oficialismo y oposición sobre la importancia de garantizar el recupero de fondos del sistema de viviendas sociales.
