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El senador pampeano Daniel Kroneberger fue uno de los legisladores que votó en contra del veto. En su intervención, sostuvo que esta decisión presidencial “constituye un retroceso institucional y un claro avasallamiento a las provincias”. Para él, la ley sancionada por el Congreso es un instrumento que busca “un mecanismo justo, transparente y automático para distribuir los fondos, evitando la discrecionalidad política y otorgando previsibilidad a los gobiernos provinciales”.
Kroneberger señaló que los ATN originalmente estaban destinados a emergencias —catástrofes naturales, crisis sanitarias, desequilibrios financieros imprevistos— pero que en los hechos se convirtieron en “una herramienta de manejo político del poder central”. Advirtió también sobre los efectos que esta discrecionalidad tiene sobre el federalismo, la autonomía provincial y la equidad institucional.
El senador apuntó que rechazar el veto no implica ignorar la necesidad de orden fiscal, sino que exige que ese orden se construya sin “subordinar a las provincias”, sin que los gobernadores e intendentes dependan de favores, y con reglas claras para la distribución de recursos. “Transparencia en la distribución de los fondos fortalece tanto al federalismo como a la sostenibilidad fiscal (…) no hay espacio para privilegios ni discrecionalidad”, añadió.
Además, Kroneberger destacó que el proyecto de ATN aprobado garantiza que el Estado Nacional mantenga una participación significativa de los recursos —mencionó que el Gobierno retiene cerca del 43 % de los fondos— mientras que el resto se distribuye automáticamente a las provincias de acuerdo al índice de coparticipación. A su juicio, esto demuestra que “no se desfinancia al Estado nacional ni se altera el destino de los fondos”, sino que se aporta previsibilidad, equidad y transparencia.
Es importante mencionar que junto con Kroneberger, Victoria Huala (PRO) y Daniel Bensusán (Frente de Todos) también votaron en contra del veto presidencial. los tres pampeanos coincidieron en que la norma rechazada hoy representa la defensa de las provincias frente a decisiones del poder central que, según ellos, buscan concentrar recursos mediante criterios discrecionales.
El rechazo al veto será ahora tratado en la Cámara de Diputados para su ratificación definitiva, pues el proceso legislativo exige que ambas cámaras mantengan su postura para que la ley vuelva al Ejecutivo sin posibilidad de veto.
