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Según expresaron los legisladores, los movimientos societarios, fusiones y reorganizaciones empresariales del capital accionario de Refi Pampa S.A. se realizaron sin la autorización previa del Estado Provincial, a pesar de que la Ley N° 2675 establece de manera explícita que toda empresa con participación estatal no puede fusionarse, escindirse o transferir derechos sin el consentimiento del Gobierno de La Pampa.
El artículo 10° de dicha norma, recordaron, protege los intereses del Estado y de los acreedores públicos. Sin embargo, los cambios societarios de Refi Pampa —que fueron de público conocimiento y se publicaron incluso en boletines oficiales— no habrían contado con la intervención ni el control de las autoridades provinciales, lo que, según Fonseca y Aliaga, podría haber facilitado el desapoderamiento de bienes y activos que conforman la garantía común de los acreedores, entre ellos el propio Estado, que mantiene un crédito estimado en más de 1.500 millones de pesos.
Los diputados también cuestionaron que, pese a la crítica situación financiera de la empresa, Pampetrol S.A.P.E.M. habría continuado entregando petróleo pampeano a Refi Pampa sin licitación previa, lo que —advirtieron— podría agravar el perjuicio al erario público provincial.
En su presentación, Fonseca y Aliaga manifestaron que la falta de autorización del Gobierno Provincial no solo viola la ley vigente, sino que además expone a La Pampa a un daño patrimonial de gran magnitud, comprometiendo la responsabilidad de los funcionarios que, por acción u omisión, no actuaron en defensa de los recursos públicos.
Los legisladores denunciaron además que, a pesar de la gravedad de los hechos, los fiscales intervinientes no habrían promovido medidas de investigación adecuadas, intentando —según su planteo— cerrar la causa “con un alto grado de impunidad”. Por ello, solicitaron que los magistrados judiciales o fiscales que mantengan vínculos con el Gobierno Provincial se aparten de la causa, a fin de garantizar la transparencia del proceso.
Finalmente, Fonseca y Aliaga remarcaron que la presentación responde a una “obligación cívica impostergable” para proteger los intereses de los pampeanos frente a lo que consideran una serie de maniobras irregulares relacionadas con el petróleo provincial, tanto en el área El Medanito como en las operaciones con Refi Pampa S.A. En ese marco, solicitaron que se investigue la responsabilidad del gobernador y de otros funcionarios públicos que tenían la obligación de supervisar el manejo de los recursos hidrocarburíferos provinciales.
