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URUGUAY | La norma, que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, establece un marco legal para garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, despenalizando la práctica de la eutanasia en personas mayores de edad, psíquicamente aptas y que se encuentren atravesando enfermedades incurables, irreversibles o con sufrimientos insoportables.
Durante la sesión, legisladores del Frente Amplio, partido oficialista, expresaron su respaldo al proyecto, al igual que varios integrantes de la oposición, pertenecientes al Partido Colorado y al Partido Nacional. La votación final marcó un hecho sin precedentes en la región y abrió el camino hacia una nueva etapa en materia de derechos individuales y bioética.
El texto aprobado señala que podrán ampararse bajo la nueva ley “los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”.
Ahora, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 180 días para reglamentar la ley desde su promulgación. Una vez reglamentada, se constituirá una Comisión Honoraria de Revisión, que deberá integrarse en un lapso no mayor a 90 días.
Dicha comisión estará presidida por el Ministerio de Salud Pública e integrada por representantes del Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Su función será supervisar los procedimientos realizados en el marco de la ley y elaborar un informe anual que será remitido al Ministerio y a la Asamblea General.
Con esta decisión, Uruguay vuelve a ubicarse a la vanguardia en la región en materia de derechos civiles, tal como ocurrió con la legalización del matrimonio igualitario y la regulación del cannabis.
